La licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay, el principal corredor fluvial del comercio exterior argentino, quedó envuelta en una fuerte controversia luego de que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) advirtiera la existencia de “serias y evidentes irregularidades” en el procedimiento impulsado por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN).
El dictamen de la PIA, incorporado a una causa judicial que tramita en el Juzgado Federal N° 7 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuestiona distintos aspectos de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 1/2025 para concesionar por 25 años la denominada Vía Navegable Troncal (VNT), el sistema de dragado, señalización y mantenimiento que opera sobre los ríos Paraná y Paraguay.
Sin embargo, las observaciones formuladas por la Procuraduría no se limitaron únicamente al esquema licitatorio. El organismo también puso bajo análisis aspectos vinculados a la transparencia del procedimiento, la competencia entre oferentes, la redacción de los pliegos, los mecanismos de control, la actuación jurídica de la ANPyN, la participación ciudadana y la ausencia de una evaluación ambiental integral.
La investigación fue remitida a la Fiscalía Federal N° 9 y plantea posibles irregularidades administrativas que —según advirtió la propia PIA— podrían derivar en consecuencias penales.
La Hidrovía Paraná-Paraguay constituye la principal vía de salida de las exportaciones agroindustriales argentinas y conecta terminales portuarias de Argentina, Paraguay, Bolivia, Brasil y Uruguay con el océano Atlántico. El sistema también tiene incidencia directa sobre la logística y la actividad portuaria del litoral argentino, incluida Entre Ríos.
Denuncias y cuestionamientos al procedimiento
Según informó la propia PIA, las actuaciones comenzaron tras la recepción de denuncias y presentaciones realizadas por distintos actores vinculados al proceso.
Entre quienes acercaron observaciones al organismo figuran organizaciones ambientalistas, integrantes de consorcios portuarios y una de las empresas participantes de la licitación.
A partir de esas presentaciones, la Procuraduría analizó el contenido de los pliegos, el desarrollo de la audiencia pública y distintos aspectos técnicos, jurídicos y administrativos del procedimiento llevado adelante por la ANPyN.
El dictamen sostiene que varias de las observaciones ya habían sido advertidas en licitaciones anteriores relacionadas con la Hidrovía y que, pese a ello, volvieron a aparecer en el actual proceso.
Licitaciones, restricciones y posibles afectaciones a la competencia
Uno de los principales ejes del dictamen se centra en posibles restricciones a la competencia y eventuales distorsiones dentro del procedimiento licitatorio.
Entre los puntos observados figura la posibilidad de ceder el contrato de concesión a terceros una vez transcurrido determinado porcentaje del plazo o de la inversión comprometida.
Según la Procuraduría, esta cláusula podría afectar el principio de igualdad entre oferentes, ya que permitiría que un tercero termine explotando la concesión sin haber cumplido originalmente las condiciones exigidas para competir.
La PIA también cuestionó las limitaciones previstas para impugnar distintas etapas del procedimiento.
De acuerdo con el dictamen, el sistema diseñado por la ANPyN sólo permite cuestionar determinadas instancias a quienes hayan sido admitidos en ellas, impidiendo que empresas excluidas en etapas anteriores puedan observar evaluaciones posteriores.
Para el organismo, esa lógica restringe el derecho de controlar la regularidad integral del proceso licitatorio.
Cláusulas anticorrupción, discrecionalidad y advertencias sobre posible “direccionamiento”
Otro de los puntos más delicados señalados por la Procuraduría es la redacción de la denominada cláusula anticorrupción incluida en los pliegos.
Según el dictamen, el esquema previsto permitiría reconocer compensaciones económicas al concesionario incluso en situaciones donde se comprobara la existencia de prácticas corruptas que derivaran en la nulidad del contrato.
La PIA consideró que esa redacción no garantiza adecuadamente los estándares internacionales asumidos por el Estado argentino en materia de transparencia y lucha contra la corrupción.
El organismo también advirtió sobre el riesgo de “direccionamiento” del proceso debido al sistema de evaluación previsto para las ofertas técnicas y económicas.
El informe cuestiona especialmente el mecanismo de Puntaje Global de la Oferta (PGO), ya que entiende que vuelve a ponderar aspectos técnicos en la etapa final y otorga un amplio margen de discrecionalidad a la comisión evaluadora.
Según la Procuraduría, la extrema sensibilidad del sistema frente a pequeñas variaciones tarifarias podría terminar desplazando la competencia económica real y trasladando el peso de la adjudicación hacia valoraciones técnicas subjetivas.
Restricciones a las UTE, deudas pendientes y observaciones jurídicas
La PIA también puso bajo análisis las limitaciones impuestas a las empresas que pretendan participar bajo la modalidad de Unión Transitoria de Empresas (UTE).
Según el dictamen, la ANPyN no aportó fundamentos suficientes que justifiquen esa restricción y la medida podría afectar el principio de libre concurrencia.
El organismo sostuvo además que esa limitación contradice recomendaciones internacionales vinculadas al comercio y las contrataciones públicas.
Otro de los puntos observados fue la falta de fundamentos suficientes respecto de la inclusión de deudas pendientes vinculadas a la actual operación de la Vía Navegable Troncal.
Según la Procuraduría, no se aportaron elementos claros que permitan identificar el origen, composición ni criterios de determinación de esas obligaciones económicas.
La PIA también cuestionó la actuación del servicio jurídico permanente de la ANPyN.
El dictamen sostiene que la intervención del área legal fue “meramente formal” y evitó profundizar sobre aspectos jurídicos relevantes del procedimiento.
Las observaciones ambientales
Las críticas de la Procuraduría también alcanzaron el plano ambiental y los mecanismos de participación ciudadana vinculados al proyecto.
El dictamen sostiene que la Agencia Nacional de Puertos y Navegación incumplió disposiciones del Acuerdo de Escazú sobre acceso a la información ambiental y participación pública.
Según la PIA, durante el procedimiento se incorporaron más de 9.000 páginas de documentación técnica en plazos reducidos, situación que habría impedido una participación “real y efectiva” de ciudadanos, especialistas y entidades interesadas.
Para la Procuraduría, el mecanismo terminó reduciéndose a una instancia “meramente formal y ritualista”.
El organismo también cuestionó la ausencia de un procedimiento adecuado de Evaluación de Impacto Ambiental con intervención de la autoridad nacional competente.
En ese sentido, remarcó la necesidad de contar con una Declaración de Impacto Ambiental previa a la definición final del proyecto, especialmente teniendo en cuenta las tareas de dragado y modificación previstas sobre la vía navegable.
A pesar del dictamen, el Gobierno avanzó con la licitación
Mientras la Procuraduría cuestionaba distintos aspectos del procedimiento, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación publicó este lunes en el Boletín Oficial la Resolución 28/2026, mediante la cual aprobó la segunda etapa de evaluación de ofertas y confirmó que este 19 de mayo se realizará la apertura del Sobre N° 3 con las propuestas económicas.
En la resolución, firmada por el director ejecutivo de la ANPyN, Iñaki Arreseygor, el organismo sostuvo que el proceso avanzó respetando los principios de “publicidad, transparencia, concurrencia y participación”.
Además, la Agencia remarcó que las distintas etapas del procedimiento “no recibieron impugnación alguna” en los términos previstos por el pliego licitatorio.
La resolución oficializa la continuidad del proceso pese al duro dictamen de la Procuraduría y ratifica la precalificación de los dos grupos empresarios que continúan en carrera:
– el consorcio integrado por la firma belga Jan De Nul y la argentina Servimagnus;
– y la empresa Dredging, Environmental & Marine Engineering NV (DEME), también de origen belga.
Una disputa multimillonaria con impacto regional
La concesión en discusión comprende la modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización, dragado y redragado de la Hidrovía Paraná-Paraguay durante los próximos 25 años.
Se trata de una de las concesiones más importantes del país, ya que la vía navegable concentra gran parte de las exportaciones de soja, maíz, harinas y derivados industriales argentinos, además de cargas provenientes de países vecinos.
Las decisiones vinculadas al dragado, profundización de canales, señalización y peajes impactan directamente sobre la logística portuaria y los costos del comercio exterior de toda la región, incluido el litoral argentino y Entre Ríos.
Con el avance confirmado de la licitación y la apertura de las ofertas económicas prevista para este lunes, la controversia judicial, administrativa y ambiental sobre el futuro de la Hidrovía quedó definitivamente instalada en el centro de la discusión política y económica nacional.
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/342039/20260518