En plena discusión por la reforma previsional entrerriana, el ex intendente de Concordia y actual diputado provincial del PJ, Enrique Cresto, presentó un pedido de informes que pone el foco sobre los trabajadores precarizados del Estado que durante años habrían prestado funciones permanentes sin aportes completos a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos.
La iniciativa, que cuenta con el acompañamiento de todo el bloque justicialista, fue presentada en la Cámara de Diputados en el marco de las atribuciones previstas en el artículo 117 de la Constitución Provincial y solicita al Poder Ejecutivo que informe detalladamente cuál es el impacto que las contrataciones bajo modalidades de locación de servicios, contratos de obra y figuras similares tienen sobre la sustentabilidad del sistema previsional entrerriano.
El proyecto reclama precisiones sobre la cantidad total de aportantes activos a la Caja, discriminados por sectores y escalafones, incluyendo Escalafón General, Carrera Sanitaria, Seguridad, Docentes, Poder Judicial, Poder Legislativo y municipios adheridos al régimen provincial.
Pero el eje central del planteo apunta a conocer qué controles realiza efectivamente la Caja sobre los trabajadores contratados en distintas áreas del Estado y si existen auditorías o mecanismos de fiscalización para verificar que los aportes previsionales correspondientes sean efectivamente ingresados.
En ese marco, Cresto pidió además que el organismo informe si posee registros o relevamientos de trabajadores estatales que actualmente prestan funciones bajo modalidades de precarización laboral —como monotributistas o contratados sin aportes— y que podrían transformarse en futuros pasivos contingentes para el sistema jubilatorio provincial.
El fallo de Concordia que encendió las alarmas
Uno de los puntos más sensibles del pedido de informes refiere al reciente fallo dictado en Concordia en la causa “Guattini, Darío Sebastián y otros c/ Municipalidad de Concordia”, donde la Justicia reconoció el cómputo de antigüedad laboral por períodos trabajados bajo contratos de locación de servicios y obra.
La sentencia, fechada el 20 de marzo de 2026, representa un antecedente de fuerte impacto para el empleo público provincial y municipal porque avanza sobre una práctica extendida desde hace años: trabajadores contratados durante largos períodos realizando tareas permanentes sin estabilidad laboral y, en muchos casos, sin aportes completos al sistema previsional.
Por eso, el diputado solicitó que la Caja informe si tomó conocimiento formal del fallo, si analizó sus alcances y qué proyecciones financieras o estudios actuariales realizó frente al eventual efecto expansivo de este tipo de decisiones judiciales.
Según advierte el proyecto, estos precedentes podrían abrir una ola de reclamos administrativos y judiciales para exigir el reconocimiento de aportes y contribuciones patronales omitidas durante años de contratación irregular dentro del Estado.
Pero además, el reconocimiento judicial de antigüedad también podría incrementar de manera significativa las futuras jubilaciones de miles de trabajadores estatales, al modificarse el cálculo de sus haberes previsionales.
“Severos problemas de financiamiento”
En los fundamentos, Cresto sostiene que “el sostenimiento del principio de solidaridad y el equilibrio financiero de la Caja requiere un control estricto sobre la relación activo/pasivo y, fundamentalmente, sobre la regularidad de los aportes devengados”.
Además, advierte que muchas contrataciones temporarias o de locación de servicios “son utilizadas de manera sostenida en el tiempo para cubrir necesidades permanentes de la administración”.
Según remarca el legislador, esta situación “no solo vulnera derechos laborales elementales, sino que priva al sistema previsional de aportes genuinos en el presente, generando un severo desfinanciamiento”.
El pedido de informes aparece en un contexto especialmente sensible para la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos. Mientras el gobierno provincial impulsa modificaciones sobre la Ley 8732 argumentando problemas de sustentabilidad financiera, distintos sectores políticos y sindicales comenzaron a poner el foco sobre otro aspecto estructural del problema: la precarización laboral dentro del propio Estado.
En ese marco, Cresto plantea que antes de avanzar exclusivamente sobre reformas previsionales, resulta imprescindible determinar cuánto dinero dejó de ingresar históricamente a la Caja producto de contrataciones sin aportes completos y cuál podría ser el impacto futuro de los reclamos judiciales ya en marcha.
Por eso, el diputado exigió también que el organismo previsional informe si realizó estudios actuariales vinculados al reconocimiento retroactivo de aportes, al cómputo de antigüedad laboral y al eventual incremento futuro de haberes jubilatorios derivados de estas situaciones.
“Resulta imperioso que el organismo rector de la seguridad social de Entre Ríos detalle qué medidas de control preventivo está adoptando frente a estas prácticas de contratación que desfinancian el sistema”, concluye el proyecto presentado en la Cámara de Diputados.