El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) informó que ya ejecutó la baja de más de 1.500 prestadores en todo el país como resultado de auditorías permanentes realizadas sobre el sistema de prestaciones médicas.
Según el comunicado oficial , las irregularidades detectadas incluyen cobros indebidos a afiliados, prestaciones inexistentes y establecimientos que no cumplían con las condiciones sanitarias básicas y protocolos de higiene y seguridad exigidos para la atención.
Las bajas fueron aplicadas en distintas jurisdicciones del país y, en varios casos, las actuaciones derivaron en denuncias penales presentadas ante la Justicia federal y provincial.
El anuncio se enmarca además en una serie de investigaciones y auditorías internas que en los últimos meses expusieron distintos esquemas de presuntas irregularidades dentro del sistema prestacional del organismo.
Auditorías previas y causas en curso
Uno de los antecedentes más relevantes corresponde a una auditoría realizada en 2026 que derivó en la baja de más de 1.500 prestadores en todo el país, tras detectarse cobros indebidos, prestaciones inexistentes y fallas edilicias. En ese marco, también se radicaron denuncias penales en provincias como Tucumán y Chaco por posibles maniobras fraudulentas.
Otra investigación interna reveló un presunto fraude millonario en prestaciones oftalmológicas y ópticas, con detección de sobrefacturación, recetas falsas, prestaciones “fantasma” y cobros indebidos a jubilados en distintas provincias, entre ellas Entre Ríos.
En ese contexto, el organismo señaló que “las bajas se realizaron en todo el país tras detectar cobros indebidos a afiliados, prestaciones inexistentes y establecimientos que no cumplían condiciones sanitarias básicas”.
Asimismo, desde el organismo que dirige Esteban Leguízamo, indicó que “se identificaron prácticas irregulares que fueron puestas en conocimiento de la Justicia en todo momento”, al tiempo que remarcó que “auditar no es perseguir, es cuidar los recursos de los afiliados y mantener la calidad de las prestaciones brindadas”.
En otro tramo del comunicado, sostienen que “PAMI sigue avanzando en el control de prestaciones médicas, recetas, órdenes y circuitos de facturación para terminar con todas aquellas prácticas irregulares que atentan contra el servicio de salud de nuestros afiliados”.
Entre los casos más llamativos relevados por los auditores se identificaron prestadores que habrían facturado volúmenes de atención incompatibles con la capacidad real de trabajo. En uno de los informes se consignó un esquema en el que un prestador registraba prestaciones equivalentes a “108 horas diarias”, una situación considerada imposible desde el punto de vista operativo.
También se registraron investigaciones vinculadas a supuestos sobreprecios en la compra de medicamentos durante gestiones anteriores del organismo, donde se denunció que PAMI habría abonado valores hasta un 1400% superiores a los precios de mercado mediante distintos mecanismos de contratación.
Desde el organismo sostienen que las auditorías permanentes buscan reforzar los mecanismos de control y transparencia del sistema prestacional, asegurando que frente a cada irregularidad detectada se garantice la continuidad de atención de los afiliados a través de la red disponible en todo el país.