El abogado querellante, Mario Arcusin, acompañó a los familiares que se dieron cita en la cruz mayor del Cementerio de Basavilbaso. Hubo una suelta de globos blancos y hablaron las madres de los hermanos Izaguirre y de Almada, y la hermana de Rossi.
El letrado, quien recordó que había difundido la actividad previamente a través de un programa periodístico que conduce, lamentó la poca gente que acompañó a los familiares en el Cementerio. Además, hizo notar la absoluta ausencia de autoridades políticas tanto a nivel provincial como de la ciudad de Concepción del Uruguay. Solo estuvieron acompañando el presidente del PJ de Basavilbaso, Ariel Ibarra, y dos concejales de esa localidad, uno del peronismo y otro de Juntos por Entre Ríos.
En el acto, sostuvo, se observaron muestras de dolor y el llanto de los familiares de los jóvenes. Arcusin dijo que hubiesen tenido otro significado esas lágrimas si el Tribunal de Casación hubiese emitido un veredicto tras la audiencia que tuvo lugar en Concordia hace casi un mes. El tribunal tiene un plazo de 20 días hábiles para dictaminar, y hubiese vencido ayer ese lapso, pero por el feriado del lunes pasado, el día límite es el próximo lunes 22 de junio.
En ese sentido, dijo que pueden pedir a la instancia superior, en este caso el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos, una prórroga de uno, dos o 10 días, argumentando que se trata de un expediente voluminoso. Pero, de requerir más tiempo, sostuvo que se comprobaría la “injusticia de la justicia”, ya que entiende que se trata de un caso no tan complejo.
Desde su punto de vista, y de acuerdo a su experiencia, cree que lo más probable es que el Tribunal rechace el recurso y deje firme el fallo de primera instancia. En ese sentido, ya pidió que Ruiz Orrico sea trasladado a la cárcel. Y recordó que ya cuatro veces le rechazaron el pedido de prisión preventiva. Arcusin sostuvo que, de alguna forma, fue mejor que le impugnaran la solicitud, porque podrían haberlo enviado a su domicilio para que cumpla con prisión preventiva y, de esa forma, se hubiera reducido el tiempo tras las rejas. Ahora, de quedar firme la sentencia, deberá cumplirla íntegramente en alguna cárcel de la provincia.
Pero cabe acotar que la defensa del exfuncionario podría recusar el fallo del Tribunal de Apelaciones y acudir al Superior Tribunal de Justicia. Pero, acotó el letrado, para eso debe encontrar un fallo que demuestre la existencia de otro juicio similar en que se redujo la condena. De no hallarlo, el recurso al STJ podría ser rechazado “in límine” (al comienzo del proceso).
Y aún les quedaría un recurso extraordinario a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero, en ese caso, el caso debe involucrar la interpretación de la Constitución Nacional (por ejemplo, violación al debido proceso o derecho de defensa) o de leyes federales, o si la sentencia carece de fundamentación lógica y viola garantías constitucionales básicas.
Desde la óptica de Arcusin, no existe ninguna vulneración de derechos en este caso concreto. Y remarcó que la única razón de la defensa para agotar todos los recursos legales sería la de ganar tiempo. En ese sentido, manifestó su temor de que Orrico algún día se fugue. De hecho, agregó un dato que genera suspicacia: sostuvo que el exdirector del Instituto Portuario en este momento está vendiendo un campo de su propiedad y despidiendo a los peones que trabajan allí.