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A propósito de Malvinas, del discurso de Milei, de la extracción ilegal de petróleo y el análisis de Jorge Argüello

La explotación petrolera en los espacios marítimos circundantes a las Islas Malvinas representa uno de los hechos más graves desde 1982. Ya no hablamos de exploración. Se prepara la extracción permanente de recursos no renovables en un área incluída en una disputa de soberanía reconocida por la ONU. Sea Lion fue descubierto en 2010. Han pasado 16 años. Argentina respondió con legislación, sanciones, inhabilitaciones, acciones judiciales y protestas diplomáticas. Rockhopper ya fue sancionada e inhabilitada en 2013. Navitas, compañía israelí y actual operadora del proyecto, ya fue declarada clandestina e inhabilitada por 20 años en 2022.

4 septiembre, 2026

10:22 am

Desde 2024 hubo protestas, gestiones diplomáticas y advertencias​, pero el proyecto siguió avanzando.​

Ese es el dato que obliga a revisar la estrategia.​ ​

La escala importa.​ La primera fase supone unos 1.800 millones​ de dólares. El primer petróleo está previsto para marzo de 2028 y la producción podría extenderse por más de 30 años.​

Navitas avanza además sobre nuevas fases que podrían multiplicar la producción.​ No estamos ante una explotación marginal.

Ahora el Gobierno anunció nuevas medidas frente a Sea Lion, entre ellas un decreto reglamentario y un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.​

Esas medidas no atacan ni resuelven el problema central, ya que la explotación no puede ser detenida mediante decisiones adoptadas exclusivamente en el ámbito interno.​ Hay que internacionalizar la respuesta.

Hay dos caminos que deberían activarse coordinadamente: volver a la Asamblea General de la ONU y explorar seriamente las herramientas jurídicas de la CONVEMAR.​

No se trata de elegir entre diplomacia y Derecho Internacional. Hay que utilizar ambos.​ Y hacerlo antes de que comience la explotación.

Volver a la Asamblea General no significa empezar de cero.​ En 1973, la Resolución 3160 reclamó acelerar las negociaciones y, en 1976, la Resolución 31/49 pidió a ambas partes abstenerse de introducir modificaciones unilaterales mientras la disputa permaneciera pendiente.​

La explotación petrolera le da hoy nueva urgencia a ese mandato.

La otra vía es la CONVEMAR: la Convención de la​ ONU sobre el Derecho del Mar. Argentina y Reino Unido son partes.​

La Argentina debe explorar en sus normas una vía que permita cuestionar internacionalmente la explotación unilateral de esos recursos, sin necesidad de pedirle al tribunal que se pronuncie sobre la soberanía de Malvinas.

Así, la Argentina debería llevar el caso a un arbitraje internacional previsto por la CONVEMAR (Anexo VII) y, si corresponde, pedir medidas provisionales al Tribunal Internacional del Derecho del Mar.

El objetivo es claro: impedir o condicionar la explotación mientras se resuelve el planteo.

El caso Chagos dejó una enseñanza: la República de Mauricio no eligió entre diplomacia y Derecho Internacional. Acumuló instrumentos jurídicos y políticos hasta modificar el escenario.​

En esa línea, Argentina debe dar un paso más: utilizar todas las herramientas disponibles e internacionalizar su estrategia.​

El petróleo es un recurso no renovable. Hay que actuar antes del primer barril. Después, ya será tarde.

Twitter de Jorge Argüello.

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