El concejal Felipe Sastre (JxER) fue el primero en referirse al tema cuando hizo alusión al encarcelamiento del ex gobernador Sergio Urribarri, quien está detenido desde el sábado pasado en la Unidad Penal 1 de Paraná. El encarcelamiento se produjo tras la decision de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de confirmar su condena a ocho años de cárcel por los delitos de negociación incompatible con la función pública y peculado en cinco causas que se iniciaron en la provincia mesopotámica. “Pidió privilegios, la Justicia no se los ha dado. Eso demuestra que existe la igualdad ante la ley. Si existe un comportamiento incorrecto, va a pagar por esa acción”, dijo el edil del oficialismo.
Más adelante, Sastre dijo que Urribarri “no es un perseguido político”, “no es un proscripto”, “los tratan de presentar como perseguidos y proscriptos, pero son personas que hicieron las cosas mal y por eso han sido condenados”. El edil dijo que esperaba no escuchar a nadie “defender lo indefendible” y que se trate de instalar la idea del law-fare y la persecución judicial.
Quien se encargó de responder fue Mendieta, quien se manifestó a favor de que todas las personas deban rendir cuentas ante la Justicia. “Y si la Justicia determina que es alguien es responsable, debe ser condenado”.
No obstante, sostuvo que hubo un caso que pasó hace mucho tiempo en el conurbano bonaerense. “Un contrato directo entre un empresario y un intendente”. “Lo enviaron al Concejo Deliberante para que sea homologado, el Concejo lo rechazó y no solo que lo rechazó porque no era conveniente, no era correcto, sino que avanzó y terminó destituyendo al intendente”. Más adelante, dijo que el intendente terminó destituido y más adelante preso, y el empresario años más tarde terminó presidente de los argentinos.
El hecho mencionado por Mendieta sucedió en diciembre de 1988, cuando Mauricio Macri y Juan Carlos Rousselot firmaron un contrato para la instalación de cloacas en el municipio de Morón (provincia de Buenos Aires) que fue denunciado por corrupto, con altísimos costos y altísimas tarifas que convertían a los vecinos y a la intendencia de Morón en rehenes de la empresa durante más de veinte años. La transacción se realizó en tiempo acelerado y sin licitación pública ni concurso de precios. Fue un contrato directo y muy beneficioso para la empresa, realizado por un Rousselot que con ese rentable favor buscaba el respaldo del grupo Macri para el camino que esperaba recorrer hacia la gobernación bonaerense. Rousselot -fallecido en 2010- fue destituido a raíz de estos contratos que se convirtieron en el paradigma de la corrupción del neoliberalismo menemista en el conurbano, según publicó Página 12.
Volviendo a la sesión, Mendieta sostuvo que en Concordia hay un caso similar, en referencia a la contratación directa de la empresa VITSA el 19 de marzo pasado para que se encargue de la recolección de residuos en un sector de la ciudad. La empresa cordobesa cobra 250 millones de pesos por mes.
La operación que culminó con una denuncia en la Justicia. Fue presentada por el ex concejal Mariano Giampaolo el 12 de junio pasado. “Está generando inconvenientes en todo el municipio”, mencionó Mendieta.
El ex responsable de Obras Sanitarias dijo que solo tres concejales, los integrantes del bloque del PJ, se opusieron a refrendar la contratación y fueron a la Justicia para averiguar si había avanzado la denuncia. “Si manejamos la misma vara, tendríamos que solicitar que la Justicia actúe sobre esta denuncia. No aseguramos que existe un delito, solo decimos que la Justicia actúe y saber cuáles son las condiciones que pasaron en este contrato”.
El tramo más polémico fue cuando Mendieta recordó que “a nadie le llamó la atención, y la concejal Villalba lo dijo en la sesión, de que los camiones estaban acá y a la tarde de ese mismo día, los camiones estaban trabajando antes de que se firme la ordenanza”. “Tenemos que ir por eso también”, sostuvo. Y remató señalando una frase del ex vocal del Superior Tribunal de Justicia, Bernardo Salduna: “La Justicia lenta no es Justicia”.
Pero Sastre no dejó pasar la ocasión para señalar que Mendieta debería ser “el primero en rendir cuentas”. “Está imputado en la causa por entregar vales de GNC (Gas Natural Comprimido) a vehículos de la municipalidad que ni tenían GNC”. “Una vez que él rinda cuentas a la Justicia, podrá hablar del resto”, dijo.
El concejal que asumió recientemente en reemplazo de Guillermo Satalía Méndez volvió a pedir la palabra y sostuvo que no tenía ningún inconveniente que en la Justicia lo investigase. “Fui funcionario durante mucho tiempo y está dentro de las posibilidades que la Justicia puede investigar las funciones, pueda investigar”.
Pero el edil remarcó algo que viene generando un malestar creciente desde el peronismo. La tardanza de la Justicia en tomar alguna medida. Mendieta recordó que a los cuatro o cinco días, desde Tribunales ordenaron el allanamiento de todos los involucrados en la causa del GNC. Pero en el caso de VITSA ya pasaron tres meses sin movimiento alguno. “Seguimos esperando a ver qué pasa porque no tenemos noticias de este tema”. Por ello, subrayó que “la diferencia en las actuaciones entre una causa y otra es considerable”.
El contrapunto no se detuvo ahí. Sastre dijo que sí hubo mucha celeridad en la causa del GNC es porque «fue una barbaridad lo que hicieron”. “Evidentemente la Justicia encontró elementos para avanzar en la investigación”. Y remarcó que, por el contrario, en el caso de VITSA la Justicia «no debe haber encontrado ningún elemento y por eso la causa no ha tenido ninguna novedad».
Por último, Mendieta dijo que fue imputado hace un mes en esa causa cuando la misma ya tiene dos años de tramitación en la Justicia. Y remarcó que Sastre “se está adelantando a lo que pueda dictaminar la Justicia” al señalar que no había vehículos a gas en todo el municipio.
