La licitación de la basura, al límite: impugnaciones, información retenida y plazos que siguen corriendo

La adjudicación del servicio de recolección de residuos de Concordia, lejos de cerrar el conflicto, parece haber abierto su etapa más delicada.

A pocos días del dictado del Decreto Nº 854/2026, mediante el cual la Municipalidad adjudicó la Licitación Pública Nº 47/2026 a VITSA Soluciones Ambientales S.A., el procedimiento acumula pedidos de acceso al expediente, reclamos de oferentes, cuestionamientos desde el Concejo Deliberante y, desde este miércoles, una primera impugnación formal contra la adjudicación.

El punto central ya no es solamente quién ganó la licitación. Ahora la discusión es cómo se llegó a esa decisión y por qué quienes participaron todavía no pueden conocer íntegramente los antecedentes que sirvieron para adjudicar un contrato de semejante magnitud.

Tres empresas reclaman conocer cómo fueron evaluadas

Al menos tres empresas vinculadas al procedimiento se encuentran reclamando información sobre la evaluación de las ofertas, los dictámenes técnicos, las planillas de puntaje, el orden de mérito, las deliberaciones de la Comisión Evaluadora y los fundamentos que llevaron a seleccionar a VITSA.

ASHIRA S.A., por ejemplo, presentó formalmente el 21 de septiembre un pedido urgente de vista y copias digitales. Solicitó, entre otras cosas, el dictamen final de la Comisión Evaluadora del 14 de septiembre, las planillas de evaluación, los Informes Técnicos Nº 1 y Nº 2, las actas de deliberación, el voto disidente y toda la documentación relacionada con la valoración de los microbasurales.

La misma empresa dejó expresamente reservado su derecho a impugnar el Decreto Nº 854/2026 una vez que pudiera conocer la documentación completa.

Pero hay un problema que agrava todo: el plazo para recurrir sigue corriendo.

El pedido de información no suspende automáticamente el término para interponer la revocatoria. Es decir, mientras las empresas esperan conocer cómo se las evaluó, pierden simultáneamente días del breve plazo disponible para cuestionar la adjudicación.

Ese es hoy uno de los hechos más graves del procedimiento.

La oposición también pidió los papeles y todavía no los tiene

La falta de acceso no afecta solamente a las empresas. Concejales de la oposición también han requerido la documentación vinculada con la evaluación y adjudicación.

La presidenta del Concejo Deliberante, Magdalena Reta de Urquiza, manifestó este miércoles que cuenta con documentación vinculada con el procedimiento. Sin embargo, los concejales opositores que la solicitaron todavía no habrían recibido copia directa de esos antecedentes.

La explicación brindada sería que la documentación será canalizada mediante la formación de un expediente y posteriormente puesta a disposición del cuerpo.

Formalmente podrá elegirse ese mecanismo. Pero el interrogante es otro: si la documentación ya está disponible, ¿por qué no entregar inmediatamente copia a los concejales que la están solicitando?

En un procedimiento donde los plazos administrativos son extremadamente breves, cada día tiene importancia. Por eso, tanto en el Departamento Ejecutivo como ahora en el Concejo Deliberante, se reproduce el mismo problema: la información existe, se sabe que existe, pero quienes la reclaman todavía no pueden acceder a ella con la rapidez que la situación requiere.

No corresponde afirmar sin prueba que exista una decisión deliberada de hacer vencer los plazos. Pero sí existe un efecto objetivo e indiscutible: mientras la información no se entrega, los plazos continúan corriendo.

Para presentar las ofertas, todo electrónico; para conocer la evaluación, Mesa de Entradas

Hay además una contradicción administrativa difícil de explicar. El procedimiento licitatorio fue desarrollado prácticamente en su totalidad mediante herramientas electrónicas. La presentación de ofertas, documentación, comunicaciones y distintas etapas del trámite fueron estructuradas bajo mecanismos digitales.

Sin embargo, cuando las empresas comenzaron a reclamar documentación para controlar la adjudicación, aparecieron exigencias de presentaciones formales por Mesa General de Entradas.

Ahí surge una pregunta inevitable: ¿por qué el sistema electrónico es suficiente cuando la Municipalidad necesita que las empresas presenten documentación, ofertas y antecedentes, pero deja de ser suficiente cuando son las empresas las que necesitan que la Municipalidad les entregue información?

La contradicción es todavía más sensible porque varias de las empresas participantes tienen domicilio fuera de Concordia. Obligar a canalizar pedidos mediante mecanismos presenciales o más lentos, cuando el propio procedimiento fue gestionado digitalmente, implica objetivamente pérdida de tiempo en un momento en que los plazos para recurrir son de apenas unos días.

El Municipio podrá invocar las formalidades administrativas que considere aplicables. Pero deberá explicar por qué esas formalidades aparecen justamente en la etapa en que los particulares necesitan información urgente para ejercer su derecho de defensa.

La primera revocatoria contra la adjudicación ya fue presentada

El conflicto dejó además de ser una posibilidad futura. Este miércoles ya fue interpuesto un recurso de revocatoria contra el Decreto Nº 854/2026.

Lo presentó la empresa CIMS de Ruben D. Carruega, de la ciudad de Colón, que finalmente no llegó a ofertar en la licitación, pero cuya situación es particularmente relevante porque no se trata de un tercero que apareció después de conocido el resultado.

 

Antes de la apertura había estudiado el Pliego, se había presentado formalmente como interesada y potencial oferente, formuló aproximadamente cien consultas técnicas y económicas y posteriormente impugnó el Decreto Nº 668/2026, mediante el cual se había aprobado el llamado.

Su planteo era concreto: sostenía que existían requisitos, indefiniciones e información operativa insuficiente que impedían preparar una oferta seria y comparable.

La Municipalidad rechazó esa impugnación y mantuvo el procedimiento. La empresa finalmente no se presentó.

Ahora sostiene que su no participación no respondió a falta de interés, sino precisamente a las condiciones que había denunciado antes de la apertura. Y el Decreto de adjudicación le proporcionó un argumento nuevo.

Preguntó por los microbasurales; no se los aclararon y después terminaron siendo valorados

Uno de los ejemplos más concretos es el de los microbasurales. Antes de la apertura, esa empresa formuló la Consulta Nº 28: preguntó expresamente si la obligación respecto de los microbasurales comprendía solamente detección, georreferenciación y reporte o si incluía además recolección y limpieza integral.

En caso de incluirla, solicitó conocer volúmenes históricos, equipamiento, frecuencias y mecanismos de certificación.

La Municipalidad no respondió concretamente esa pregunta. La incluyó entre aquellas respecto de las cuales correspondía simplemente remitirse al Pliego, sosteniendo que las reglas existentes eran suficientes para preparar y evaluar las ofertas. Además, aseguró que cualquier aclaración sustancial que pudiera modificar la preparación o comparabilidad de las propuestas sería comunicada a todos en condiciones de igualdad.

Pero después ocurrió exactamente aquello que había generado la consulta.

El Decreto Nº 854/2026 terminó valorando positivamente que VITSA asumiera la limpieza de microbasurales y, al mismo tiempo, reconoció que esa prestación no se encontraba expresamente establecida en el Pliego.

Ese punto es probablemente uno de los cuestionamientos más difíciles de responder.

Porque si la limpieza integral de microbasurales formaba parte del objeto, todos tenían que saberlo y cotizarla. Y si no formaba parte y era una mejora voluntaria, deberá explicarse con qué regla objetiva y previamente conocida terminó convirtiéndose en un elemento valorado para seleccionar al adjudicatario.

El problema ya no es solamente el Decreto: también existe una Orden de Compra

A la adjudicación se agregó posteriormente la emisión de la Orden de Compra. Esto cambia sustancialmente la dimensión jurídica del conflicto.

La normativa municipal establece que la notificación de la Orden de Compra al adjudicatario produce el perfeccionamiento del contrato. Por eso, las próximas impugnaciones podrían ya no limitarse al Decreto Nº 854/2026. También podrían cuestionar la Orden de Compra y, si esta fue notificada, los efectos del perfeccionamiento contractual.

Por eso, cuanto más avance el contrato mientras permanezcan pendientes los cuestionamientos, más compleja será la situación jurídica.

La información que debería aclarar todo es precisamente la que falta

La Comisión Evaluadora recomendó adjudicar a VITSA por mayoría, no por unanimidad.

Por eso, las empresas quieren conocer el voto disidente. Quieren saber cómo se calcularon los puntajes. Quieren conocer los informes técnicos. Quieren determinar cuánto incidieron los microbasurales. Quieren conocer qué se valoró en los planes operativos. Y quieren saber qué antecedentes fueron utilizados para afirmar que una propuesta era técnicamente superior a otra.

No se trata de información secundaria. Son los documentos que deberían permitir demostrar que la adjudicación respetó las reglas previamente establecidas.

El Municipio tiene allí la posibilidad más sencilla de cerrar buena parte de la discusión: entregar toda la documentación y permitir que cada oferente pueda verificar cómo fue evaluado. Cuanto más se demora esa entrega, más interrogantes aparecen.

Pablo Sebastián Ferreyra, Secretario de Coordinación de Gabinete y Hacienda, señalado como el «cráneo» detrás de la privatización del servicio de recolección de residuos

La licitación que debía cerrar el problema empieza a acumular conflictos

La situación adquiere todavía mayor gravedad porque el servicio de recolección ya venía atravesando otra controversia anterior.

La etapa previa, correspondiente a la contratación directa de VITSA, ya fue objeto de actuaciones judiciales y de una denuncia penal presentada por el abogado y exconcejal Mariano Giampaolo.

Aquella discusión corresponde a otra contratación y debe diferenciarse jurídicamente de la licitación actual. Pero institucionalmente la secuencia resulta difícil de ignorar.

Primero hubo una emergencia. Después, una contratación directa. Luego, cuestionamientos administrativos y judiciales. Posteriormente, se realizó una licitación pública que debía normalizar definitivamente la prestación.

Y ahora, pocos días después de adjudicada, aparecen nuevamente pedidos de documentación, potenciales recursos, una revocatoria ya presentada y la posibilidad concreta de que el conflicto vuelva a terminar ante la Justicia.

El reloj corre

La cuestión de fondo es sencilla. Si la adjudicación fue correctamente realizada, la documentación debería demostrarlo.

Si los puntajes fueron correctamente asignados, las planillas deberían demostrarlo. Si los informes técnicos justifican la decisión, deberían poder ser conocidos. Si la mayoría de la Comisión Evaluadora tuvo razones suficientes para seleccionar a VITSA, esas razones deberían poder contrastarse con el voto disidente.

Y si la valoración de los microbasurales respetó las reglas del Pliego, debería ser posible explicar con claridad de dónde surgió ese criterio.

Lo que resulta cada vez más difícil de justificar es que toda esa información permanezca fuera del alcance de empresas y concejales mientras los plazos siguen transcurriendo.

A esta altura, el problema ya no es sólo quién recoge la basura. El problema es si el procedimiento utilizado para adjudicar uno de los contratos más importantes de Concordia puede resistir el acceso público a sus propios antecedentes.

Y las próximas horas pueden ser determinantes.