La investigación por presuntas irregularidades en la compra de gas natural comprimido (GNC) durante la administración municipal de Enrique Cresto sumó un nuevo conflicto entre la Fiscalía y la defensa. En la resolución fechada el 3 de noviembre, los fiscales Daniela Montangie y Mauro Jaume rechazaron distintos pedidos de prueba presentados por la Dra Cielo Petit, abogada de la ex funcionaria implicada, Mireya Liliana López Bernis.
Petit cuestionó la decisión de fiscalía y sostuvo que la negativa le impide acceder a documentación necesaria para ejercer la defensa. Según explicó, buena parte de la información que buscan está en poder de organismos públicos y, particularmente, del Municipio, que no responde los requerimientos de los abogados cuando no cuentan con una orden judicial.
La documentación que reclama la defensa
Entre los elementos solicitados figura una ordenanza vinculada con las compras de combustible que, según Petit, aparece mencionada en las actuaciones, pero no está publicada en el Digesto Municipal. También pidió una nómina de los empleados que trabajaban en el corralón municipal, especialmente en el área administrativa desde donde se habrían generado las compras directas.
La abogada explicó que esa información podría servir para reconstruir cómo se realizaban las adquisiciones y determinar qué vehículos municipales utilizaban GNC en el período investigado. “Esa documentación permitiría demostrar que las unidades señaladas en la causa existían y podían funcionar con ese combustible al momento de las compras”, remarcó.
Otro de los requerimientos apuntaba a conocer el circuito administrativo de las contrataciones: quién iniciaba los expedientes, qué funcionarios intervenían y en qué orden se incorporaban las firmas. “Ese recorrido resulta relevante para establecer las responsabilidades individuales” indicó Petit, y aclaró que, en el caso de López Bernis, su firma aparecía al final del procedimiento, cuando las actuaciones administrativas ya habían avanzado.
Sin embargo, la Fiscalía rechazó parte de esos pedidos por considerar que no guardaban relación con los hechos investigados. Respecto de las normas municipales, sostuvo que se trata de disposiciones públicas cuyo conocimiento no requiere que sean aportadas por las partes, en función del principio jurídico conocido como iura novit curia.
La defensa cuestionó ese argumento y puso el acento en la dificultad concreta para conseguir la documentación. “¿Cómo me van a negar una prueba que es documental? No estoy pidiendo nada raro. Necesito información que está en poder del Estado y que no me entregan”, planteó Petit.
“La Fiscalía tiene que encontrar la verdad”
La abogada explicó que, en las causas por presuntos hechos de corrupción, una parte sustancial de la prueba suele estar contenida en expedientes, registros de compras y procedimientos administrativos. Por eso, consideró que la Fiscalía debería facilitar el acceso a esos elementos cuando son requeridos por las defensas.
“La Fiscalía tiene que encontrar la verdad y no corroborar su teoría del caso”, afirmó, y agregó que, según su experiencia en investigaciones de corrupción en Concordia, la Fiscalía Anticorrupción “no tiene objetividad, es totalmente parcial”.
Por eso, adelantó que acudirá al juez de Garantías para solicitar autorización y obtener la documentación que la Fiscalía rechazó. También advirtió que, si persisten las condiciones que cuestiona, podría plantear el traslado de la causa a otra jurisdicción, ante lo que consideró un “evidente direccionamiento investigativo” en las causas de esa naturaleza dentro del Ministerio Público Fiscal de Concordia.
Causa GNC
La investigación comenzó en abril de 2024 y comprende compras de GNC realizadas entre septiembre de 2020 y septiembre de 2021, durante la anterior gestión municipal. La hipótesis de la acusación sostiene que se habrían cargado cantidades de combustible a vehículos que figuraban como parte de la flota municipal, aunque algunos de ellos no existirían o no estarían preparados para funcionar con GNC.
La causa investiga posibles delitos de peculado, falsedad ideológica de instrumento público, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Además de López Bernis, exsecretaria de Desarrollo Urbano, están imputados otros exfuncionarios. Entre ellos, Luis Benedetto, exsecretario de Obras Públicas y Servicios, Jorge Raúl Pérez y Claudio Humberto Giaquinto, quienes se desempeñaron en áreas de Talleres y Depósitos; Jorge Mendieta, exsecretario de Obras Públicas; y Liliana M. Freytas y Patricia Miranda, vinculadas al área de Compras y Suministros.