El Gobierno de Entre Ríos declaró el estado de emergencia y/o desastre agropecuario para las explotaciones ganaderas y apícolas ubicadas en zonas de islas y anegadizos de los departamentos La Paz, Paraná, Diamante, Victoria, Gualeguay e Islas del Ibicuy, como consecuencia de las inundaciones provocadas por las crecidas de los ríos Paraná y Uruguay.
La medida fue formalizada mediante el Decreto N.º 3.692, firmado por el gobernador Rogelio Frigerio y los ministros de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, y de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas. El período declarado comprende desde el 1.º de agosto de 2026 hasta el 31 de julio de 2027.
Uno de los principales efectos de la disposición es el alivio fiscal para los productores afectados. El decreto instruye a la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) a diferir hasta el 31 de enero de 2028 los vencimientos de los anticipos del Impuesto Inmobiliario Rural y Subrural correspondientes a 2026 y 2027 que operen durante la vigencia de la emergencia.
Además, se habilitará un plan especial y opcional para cancelar esos anticipos en hasta tres cuotas mensuales consecutivas, sin intereses de financiación. La primera cuota vencerá el 10 de marzo de 2028. También se condonarán las multas e intereses generados por los pagos fuera de término durante el período contemplado por la prórroga.
En cuanto a las exenciones, el decreto establece que los productores que sean declarados en situación de desastre agropecuario quedarán eximidos del pago de los anticipos inmobiliarios con vencimiento dentro del período de emergencia. Sin embargo, el beneficio no será necesariamente total: el porcentaje de exención será equivalente al nivel de pérdidas que figure en el certificado de desastre otorgado a cada productor.
Para acceder a los beneficios, los productores deberán presentar una declaración jurada ante la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Entre Ríos. El documento tendrá que estar firmado por un profesional matriculado de las ciencias agropecuarias y certificado por una entidad pública o privada representativa del sector. A partir de esa presentación, el Ministerio de Desarrollo Económico confeccionará los certificados correspondientes.
La decisión se tomó luego de una evaluación de la Comisión Provincial de Emergencia y Desastre Agropecuario, que contó con informes del Instituto Nacional del Agua (INA), Senasa, la Fundación de Lucha Contra Fiebre Aftosa (Fucofa), las direcciones provinciales de Hidráulica y Obras Sanitarias y de Producción Animal, el INTA y Prefectura Naval Argentina.
En el caso de la ganadería, los informes identificaron una disminución de la productividad, ventas forzosas de hacienda a precios inferiores, mayores costos de alimentación, traslado y alquiler de campos para recibir animales, además de dificultades operativas y sanitarias para retirar y reubicar la hacienda. La evaluación estimó que la afectación supera el 50% de la capacidad productiva.
La actividad apícola también sufrió las consecuencias de las inundaciones, con pérdidas directas en apiarios ubicados en humedales, islas y franjas costeras, además de dificultades para retirar y trasladar las colmenas y daños productivos, sanitarios y económicos.
Por último, el Gobierno provincial informó que el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, inició gestiones ante el Poder Ejecutivo Nacional para solicitar la declaración de emergencia agropecuaria a nivel federal y ampliar las herramientas de asistencia para los productores damnificados.