Alcohol, cocaína y trabajo en negro: el Sindicato denuncia la situación de los cosecheros de citrus

Amaro sostuvo que venían escuchando que, en la cosecha de citrus, a los obreros les pagaban con comida y, en algunos casos, con alcohol. “Muchas veces, antes de arrancar, les dan alcohol, alimentos y les descuentan de la paga”. Lo novedoso fueron dos procedimientos cercanos en el tiempo donde también encontraron estupefacientes en los colectivos que trasladan a la cuadrilla. La detección se produce en un área donde la informalidad es casi absoluta. Amaro admitió que los cosecheros no son afiliados al sindicato.

El 9 de octubre pasado, un operativo de control vehicular en la ex Ruta 4 resultó en el secuestro de cocaína y marihuana, así como en la detención de un hombre y la identificación de otros dos. En una de las inspecciones, se observó que un hombre llevaba varios envoltorios blancos de plástico dentro de su billetera. Ante esta situación, personal especializado en la detección de drogas realizó las pruebas correspondientes, confirmando que contenían cocaína fraccionada, presuntamente destinada a la venta.

Posteriormente, el 19 del mismo mes, la Policía interceptó un colectivo que trasladaba trabajadores de cosecha, en inmediaciones de Ruta 4 y calle Juana Duarte, en uno de los accesos al barrio El Silencio de Concordia. La encargada de la cuadrilla llevaba 60 envoltorios de cocaína ocultos dentro de un preservativo introducido en sus partes íntimas. Un perro detector también fue clave en este caso.

Cuando se enteraron del primer caso, en el que una pareja fue detenida, desde el Sindicato acudieron al fiscal interino del Juzgado Federal, Francisco José Bernhardt, para presentarse como querellantes. Pero el funcionario judicial les explicó que ya venían trabajando previamente en el caso con la jueza federal Analía Ramponi.

Por ese motivo, acudieron a la Secretaría de Trabajo de la provincia, a la Secretaría de Justicia de la Nación y a la Municipalidad para trabajar entre todas las partes. Por lo tanto, desde el sindicato y desde la Secretaría de Trabajo de la provincia convinieron en realizar, el 27 de noviembre próximo, un taller para los empleados de cosecha sobre trata de personas y consumos problemáticos en el Polideportivo Municipal “Víctor Oppel”, desde las 11 de la mañana. Y, a la tarde ese mismo día, se reiteraría en Chajarí.

Para el interventor, los capataces de las cuadrillas, quienes reparten estupefacientes, se aprovechan de personas en situación vulnerable agravando sus problemas. Los cosecheros deben llegar a su hogar y comprar leche, alimentos etc. Pero retornan casi sin paga, dijo Amaro. “La droga es transversal. Esta en todos lados. Y cada procedimiento que se hace en estos operativos de saturación, en los barrios, creo que son muy positivos. Que haya mas controles, mas procedimientos para desbaratar el narcomenudeo, los ‘kioscos’”.

Trabajo en negro

La cosecha de citrus se desarrolla en una especie de limbo legal. Amaro dijo que los cosecheros se suben a un colectivo sin saber adónde se dirigen a trabajar. En ese punto, el interventor mencionó que es clave el rol del empresario, del propietario de las quintas que contrata a “empresas” tercerizadas que “no están inscriptas en ningún lado”.

“Desde el sindicato estamos tratando de ver la trazabilidad de ese trabajador”, dijo Amaro. En esa línea, mencionó que las tercerizadoras figuran en el convenio que regula la actividad, pero deben estar inscriptas en la Secretaría de Trabajo.

Sin embargo, la realidad es que las cuadrillas no figuran en ningún lado y, por ello, los operativos sobre trabajo “en negro” en las rutas son “todos positivos”, ya que todos los cosecheros que encuentran no están registrados. De hecho, mencionó que el secretario de Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Concordia, Sebastián Arístides, realizó un censo para que la próxima zafra los encuentre “un poco más organizados”. Para ello, indicó que existe un decreto que contempla la inscripción de las tercerizadas.

Para que la iniciativa tenga éxito, remarcó la importancia de que los productores colaboren contratando empresas inscriptas y no tercerizadas que subcontratan a capataces anónimos (“un González o un Sánchez”), donde se pierde la cadena de responsabilidades.

Amaro mencionó que hay 18.000 trabajadores que trabajan diariamente en la cosecha. ¿Cuántos están registrados? “Casi cero. Pocas empresas tienen declarada la cosecha”, admitió. ¿Cómo sobrevive el sindicato sin aportes? El interventor respondió que los aportes llegan de los empleados de los empaques de citrus. “Están registrados, es más difícil la evasión».

Obra social desfinanciada

Amaro admitió que “es difícil que funcione una obra social” como la del Sindicato “sin un aporte considerable” del sector. Por ello, dijo que es importante que los trabajadores reclamen a sus patrones hagan los aportes de los días efectivamente trabajados. Lo que suele suceder, relató Amaro, es que solo una parte de los días efectivamente trabajados se hace el aporte a la seguridad social y el resto se paga en efectivo. “Una obra social con un aporte por quincena de $ 10.000 o $ 20.000 no funciona. Hoy la salud está muy cara”.

El interventor recordó que el 25 de agosto del año pasado la Superintendencia de Servicios de Salud, un ente que fiscaliza a las obras sociales nacionales, le dio de baja a la obra social del Sindicato.  Amaro explicó que no fue solo el caso de esa obra social: el mismo camino siguieron varias en similar situación.

Por otra parte, la baja del RNAS (Registro Nacional de Agentes del Seguro) fue uno de los motivos por los cuales la Federación Argentina de Trabajadores Rurales, Estibadores y Frutihortícolas Unidos (FATREFU), a cargo de Pablo Ansaloni, decidió la intervención de la obra social que estaba a cargo de Alcides Camejo. En ese sentido, sostuvo que no había atención médica y se debían muchos balances en la Superintendencia de Salud.

En el pasado mes de junio -explicó el interventor- dejó sin efecto la baja del RNAS y les otorgaron un plazo de seis meses para presentar un plan de contingencia que implique poner los balances al día y que la obra social puede comenzar a funcionar nuevamente. “Ayer se subieron los seis balances que se debían desde 2019”, destacó respecto de la obra social.  A su vez, remarcó que el sindicato contrató un medico que atienden en Concordia y en Chajarí. Hay convenios con ópticas y farmacias.

Aún así, dijo que a lo que apuntan es que los afiliados tenían servicio de internación. “Por lo menos, un PMO”, dijo. La referencia es para el Programa Médico Obligatorio. Se trata del conjunto mínimo y obligatorio de prestaciones, tratamientos, diagnósticos y medicamentos que todas las obras sociales y empresas de medicina prepaga deben garantizar por ley a sus afiliados, sin períodos de carencia ni exámenes de admisión.

En cuanto al sindicato, mencionó, se debían balances desde 2017. Amaro remarcó que el sindicato y la obra social sufrieron un proceso de vaciamiento y está inhibido. “Tiene muchas cuentas embargadas”. De la misma forma, sostuvo que el edificio está en mal estado. “Cuando llovía, el tercer piso se llovía más adentro que afuera”.

Estilos diferentes

Por último, Amaro dijo que los controles en la ruta van a seguir pero la problemática sobre la informalidad de miles de trabajadores y la falta de controles sobre las tercerizadas excede las posibilidades del sindicato. “Al empezar la zafra del año que viene tenemos que tener avances con la registración de estas empresas tercerizadas”, planteó.

En ese sentido, hay una diferencia de estilo con la conducción anterior. Camejo era más frontal, interpelaba a los productores y los trataba como “patoteros” o “negreros”. En cambio, Amaro se definió como una persona de “consenso” y reclama colaboración a los propietarios de quintas a la hora de contratar. “Que nos den una mano en este tema”, dijo.

Aunque, al parecer, para los empresarios no cambia demasiado quien esté al mando del sindicato. La informalidad sigue siendo la regla en buena parte de la cosecha.