Al inaugurar la pavimentación de calle 6 de Caballería la semana pasada, el intendente Francisco Azcué defendió el criterio de administración de su gobierno: “Estamos demostrando que se puede hacer mucho con recursos municipales y que la plata alcanza cuando va adonde tiene que ir”. Además, manifestó que quiere llegar a todos los ciudadanos desde distintas áreas del Estado, no solamente con obras, sino también mediante políticas de cultura, deportes, desarrollo social y educación.
Sin embargo, cuando se observa la distribución de los recursos destinados al Presupuesto Participativo, aparece un interrogante sobre el lugar que ocupa la participación directa de los vecinos en ese esquema de prioridades. Los $400 millones proyectados para 2027 representan apenas el 0,24% del presupuesto municipal.
Porcentajes mínimos
En una nota escrita en DIARIOJUNIO en agosto de 2025, se daba cuenta de que el 2025, el Presupuesto Participativo, apenas contaba con $ 250 millones que debían distribuirse en 120 barrios. Si se dividía ese monto por la cantidad de barrios, la cuenta da $ 2 millones por barrio.
Según el artículo 14° de la ordenanza N° 33.369, sancionada en 2007, cuando el intendente era Juan Carlos Cresto, el Presupuesto Participativo (PP) debe contar con una asignación que “no podrá ser inferior al 10% del total del Presupuesto anual” del municipio.
En la nota mencionada, se daba cuenta de que el porcentaje del 10 % nunca se llevó a la práctica. “Ninguna gestión, contabilizando la del ex gobernador Gustavo Bordet, la del diputado provincial Enrique Cresto ni la del actual intendente Francisco Azcué, superaron la cifra simbólica del 1 %. Incluso, como el caso de Bordet, estuvo muy por debajo: 0,1% en 2013 y 2012. Al menos, Cresto la llevó al 1 % en 2016 y 2017. Y la mantuvo entre un 0,70 y un 0,80 % durante varios años, incluyendo la gestión interina de Alfredo Francolini. Cuando asumió Azcué, descendió al 0,50 % y al 0,28 % actual. Incluso en un año como 2025, con un fuerte crecimiento del presupuesto total, ya que pasó de $ 41.000 millones en 2024 a $ 85.000 millones. Pero al PP apenas le asignaron $ 250 millones, lo que representa un exiguo 0,28 %: muy lejos de los $ 8.500 millones que debería recibir si se respetara la normativa vigente. Pauta que tampoco respetaron sus predecesores, cabe reiterar”.
Comparación con otras ciudades
Además, cuando se compara con los recursos que destinan otras ciudades entrerrianas, gobernadas por gestiones de signos opuestos, a este mecanismo de participación ciudadana, la proporción prevista para Concordia queda por debajo. Rosario Romero (PJ) es la intendenta de Paraná donde se proyecta asignar $2.085 millones en ese ítem para 2027 sobre un presupuesto general de $295.258 millones. Esto representa aproximadamente el 0,70% de sus gastos (fuente: https://www.parana.gob.ar/noticias/el-ejecutivo-municipal-presento-el-presupuesto-2027-prioriza-los-servicios-la-obra-publica-y-el-desendeudamiento)
En Gualeguaychú, por su parte, con una administración liderada por un intendente con fuerte sintonía con el mileismo como Mauricio «Palito» Davico, el Presupuesto General 2026 supera los $80.000 millones (fuente: https://gualeguaychu.gov.ar/redaccion/concejo-deliberante:-el-presupuesto-2026-fue-aprobado-por-mayoría) y contempla un fondo de $750 millones para el Presupuesto Participativo. Tomando como referencia esa cifra presupuestaria, la asignación representa alrededor del 0,94% del gasto municipal. (fuente: https://gualeguaychu.gov.ar/presupuestoparticipativo).
La comparación muestra la importancia relativa que cada administración les otorga a estos mecanismos: Concordia prevé destinar el 0,24% de sus gastos, Paraná el 0,70% y Gualeguaychú destinó este año alrededor del 0,94%.
¿Qué lugar ocupa el Presupuesto participativo?
En el caso de Concordia, los recursos se enmarcan en la ordenanza Nº 35.733, que establece el Presupuesto Participativo como una herramienta de asignación equitativa, racional, eficiente, eficaz y transparente de los recursos públicos, con el objetivo de fortalecer las relaciones entre el Estado y la sociedad civil.
El artículo 3° de la norma mencionada establece la finalidad del Presupuesto Participativo: “recoger las aspiraciones y necesidades de la sociedad. Para considerarlos en los presupuestos y promover su ejecución a través de programas y proyectos prioritarios. De modo que les permita alcanzar sus objetivos estratégicos de desarrollo humano, integral y sostenible. Asimismo optimizar el uso de los recursos a través de un adecuado control social en las acciones públicas”.
La distancia entre lo que establece la normativa y lo que efectivamente se incorpora a los presupuestos municipales plantea un interrogante sobre el cumplimiento de una herramienta que fue concebida para que los vecinos tengan participación directa en la definición de las prioridades de inversión pública. La discusión, entonces, no se limita a cuánto aumenta la partida de un año a otro, sino a qué lugar ocupa realmente la participación ciudadana en la distribución de los recursos municipales y cuánto de las demandas de los barrios puede traducirse en obras concretas.
