La Justicia hizo lugar a una acción de amparo colectivo presentada por más de 40 madres y padres de alumnos de la Escuela Primaria Nº 102 “17 de Agosto”, de Aranguren, y ordenó al Consejo General de Educación (CGE) y al Superior Gobierno de Entre Ríos garantizar dos modalidades de cursado a partir del ciclo lectivo 2027.
La sentencia, dictada este jueves por el juez de Paz subrogante Pablo Sebastián Andino, establece que la institución deberá garantizar la jornada curricular de la Nueva Escuela Primaria (NEP), con una carga obligatoria de 25 horas semanales, y permitir la continuidad de la jornada extendida NINA, con talleres y actividades complementarias de carácter optativo.
El fallo aclara que no declara ilegítimo ni elimina el programa NINA. Por el contrario, reconoce sus objetivos pedagógicos, pero establece que las familias deben poder elegir libremente si sus hijos participan de las actividades del contraturno. Esa decisión deberá ser informada y no podrá generar sanciones indirectas ni afectar la trayectoria escolar de los estudiantes.
El conflicto se originó en el reclamo de familias que cuestionaban la obligación de que los alumnos permanecieran alrededor de ocho horas diarias en la escuela, desde las 8 hasta las 15:45. Sostenían que la extensión de la jornada les quitaba tiempo para descansar, jugar, realizar actividades deportivas y compartir con sus familias.
En una de las presentaciones incorporadas a la causa, las familias expresaron: “Los niños salen agotados, se van derecho a la cama y no tienen posibilidad de hacer otras actividades”. El planteo adquirió especial relevancia porque la Escuela Nº 102 es la única institución primaria de Aranguren.
El reclamo tuvo distintos antecedentes administrativos. El 27 de octubre de 2025, madres, padres y tutores presentaron una nota con 163 firmas para solicitar cambios en la modalidad. En julio de 2026 también propusieron formalmente que coexistieran la jornada curricular de la NEP y la extensión NINA. Sin embargo, no obtuvieron una respuesta administrativa definitiva que atendiera el pedido.
Otro de los puntos cuestionados fue la obligatoriedad de permanecer en la escuela durante el horario del comedor. En agosto, ante el pedido de una familia para retirar a su hija al mediodía y reintegrarla luego, la Supervisión Escolar Zona C respondió que “el comedor es obligatorio y/o se permite llevar la vianda”.
Sobre este aspecto, la sentencia determinó que el servicio de comedor deberá seguir disponible para quienes quieran utilizarlo, pero que ni su uso ni la permanencia de los alumnos durante el almuerzo podrán ser obligatorios. También estableció que las familias podrán retirar a los estudiantes para que almuercen en sus domicilios y luego regresen a la escuela, mediante una autorización escrita y con medidas razonables de identificación, registro y seguridad. Para ello no se podrá exigir un certificado médico ni una justificación extraordinaria.
Durante el proceso, el CGE y la Fiscalía de Estado solicitaron el rechazo de la acción. Entre sus argumentos, defendieron el carácter integral y pedagógico de la jornada extendida NINA y plantearon dificultades vinculadas con la organización escolar, el personal, la infraestructura y el presupuesto.
También intervino el Ministerio Público de la Defensa, a través de la defensora pública interina María Andrea Cavagna, en resguardo de los derechos e intereses de los niños. Su intervención puso el foco en la necesidad de contemplar la participación de las familias en las decisiones que afectan la vida escolar de sus hijos.
Al analizar el caso, Andino consideró que la existencia de trámites administrativos pendientes no impedía que las familias acudieran a la Justicia para reclamar por los derechos involucrados. También tomó en cuenta el derecho de niños y niñas al descanso, al juego y al esparcimiento, reconocido por el artículo 31 de la Convención sobre los Derechos del Niño.
El magistrado aclaró que su decisión no parte de considerar que la jornada extendida sea perjudicial para todos los alumnos, sino de evitar que esa modalidad se imponga de manera uniforme a familias que no desean que sus hijos participen del contraturno.
Como parte de los fundamentos, señaló que en la propia Escuela Nº 102 ya conviven distintas modalidades: el primer ciclo funciona bajo el esquema de la Nueva Escuela Primaria, mientras que el segundo ciclo tiene jornada extendida NINA. Esa situación fue considerada como un antecedente para organizar la coexistencia de las alternativas, aunque la implementación requerirá planificación por parte de las autoridades educativas.
La resolución tendrá aplicación desde el ciclo lectivo 2027 y alcanzará también a los alumnos que ingresen a cuarto, quinto y sexto grado, mientras se mantengan las condiciones institucionales contempladas en el fallo. El CGE deberá coordinar las medidas necesarias con la dirección de la escuela, la supervisión y los equipos docentes y técnicos.
El juez declaró abstracto el reclamo referido al ciclo lectivo 2026, debido a la proximidad de su finalización, y dispuso que las adecuaciones se realicen para el año próximo, con los preparativos correspondientes.
Finalmente, impuso las costas del proceso a la parte demandada y reguló los honorarios del abogado Vladimir Alejandro Nichajew en $2.945.202,90, equivalentes a 30 juristas. También dispuso la publicación y difusión de la sentencia a través del Servicio de Comunicación e Información del Superior Tribunal de Justicia.












