La nueva ordenanza de Prevención y Seguridad Municipal aprobada este jueves introduce una diferencia importante dentro de la estructura municipal: mientras el artículo 5 establece que los integrantes de la Guardia Urbana no podrán portar armas letales «ni de ningún otro tipo», el artículo 10 habilita al personal de la Unidad Operativa a utilizar elementos con características defensivas, dispositivos de sujeción y otros equipos que no sean armas letales y estén autorizados para uso civil.
El artículo 10 exige que esos trabajadores hayan aprobado una capacitación impartida o avalada por la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana y cuenten, además, con autorización expresa y escrita de esa dependencia. La ordenanza no especifica qué dispositivos podrán utilizarse: deja esa definición para un protocolo que deberá dictar la propia Subsecretaría.
También establece condiciones para su empleo. Primero deberán aplicarse técnicas de mediación verbal y disuasión; luego, el agente tendrá que identificarse y advertir que utilizará el dispositivo, salvo que hacerlo implique un peligro. El uso quedará limitado a situaciones en las que persista una agresión o resistencia y sea necesario actuar en defensa propia o de terceros cuya vida o integridad estén en riesgo. Además, deberán contar con herramientas de video proporcionadas por el Municipio para documentar las intervenciones.
La decisión se produce después de la polémica que generó una publicación de DIARIOJUNIO a fines de octubre, cuando se difundió una imagen de Martín Amiano, director de Prevención y Seguridad Municipal, con un dispositivo Byrna en la cintura. La situación había puesto en evidencia una contradicción con la Ordenanza 36.569, que prohibía a los preventores portar armas de cualquier tipo. Luego, el oficialismo había presentado una modificación puntual para eliminar esa prohibición general. Finalmente, optó por reemplazar toda la normativa por un nuevo régimen.
Las objeciones: facultades, controles y situación laboral
Durante el debate, la autora del proyecto, Eliana Lagraña, defendió la iniciativa como una reorganización integral de las herramientas municipales de prevención. Sostuvo que fue elaborada junto con la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana y reconoció que la seguridad pública es una responsabilidad indelegable de la Provincia. Sin embargo, afirmó que el Municipio tiene un papel que cumplir en el cuidado de los espacios públicos y la convivencia. Aseguró que no se busca crear una policía paralela ni avanzar sobre las atribuciones de la Policía de Entre Ríos.
Desde La Libertad Avanza, Yaiza Pessolani adelantó que su bloque no acompañaría la propuesta. Consideró que Concordia ya dispone de herramientas para trabajar en prevención —como el Centro de Monitoreo, el botón antipánico y la coordinación con la Policía provincial— y que esos recursos podrían mejorarse sin avanzar sobre facultades más sensibles.
Pessolani cuestionó especialmente el inciso k del artículo 8, que permite a la Unidad Operativa realizar «cualquier otro tipo de tareas o función que la Subsecretaría defina». A su entender, esa fórmula otorga una discrecionalidad demasiado amplia al Ejecutivo municipal y podría generar el riesgo de una «policía política»
El peronismo, por su parte, puso el acento en las condiciones de los trabajadores. Claudia Villalba recordó que la Guardia Urbana fue creada para custodiar edificios y bienes municipales y cuestionó que la nueva ordenanza no contemple el ingreso por concurso, como establecía la normativa anterior. Estimó que el área reúne alrededor de 350 trabajadores bajo distintas modalidades de contratación, entre ellos monotributistas, personal de planta y contratados. También preguntó quién asumiría la defensa legal de un agente que, en el ejercicio de sus funciones, termine involucrado en una denuncia por el uso de esos dispositivos.
Felipe Sastre (PRO) defendió el proyecto, al que calificó como superador, y rechazó las críticas de Villalba. Por su parte el peronista Jorge Mendieta respondió que la Guardia Urbana no fue creada para funcionar como una fuerza policial y cuestionó que trabajadores municipales participen, según afirmó, en procedimientos como allanamientos y derribos de supuestos búnkeres de drogas. También señaló que más de un centenar de agentes continúa en condiciones laborales irregulares.













1 comentario
Ciudad de pobres corazones. Está ordenanza debe caer
Se voto con odio a desposeídos de la calle. Se voto por odio y miedo al desborde social
Este concejo de Azcue se parece más a la policía porteña que busca correr, arrestar y maltratar a indigentes y protestas sociales!