La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) comenzó a ejecutar la estrategia judicial que había anticipado durante el debate de la reforma previsional impulsada por el Gobierno de Entre Ríos. A través de cartas documento enviadas a diputados provinciales, el sindicato intimó a retirar el proyecto y reclamó la apertura de una mesa de negociación colectiva, al tiempo que advirtió que promoverá una serie de acciones judiciales, administrativas y gremiales si la norma avanza.
Uno de los destinatarios de la intimación fue el presidente del bloque de Juntos por Entre Ríos en la Cámara de Diputados, Bruno Sarubi. La carta documento, firmada por el secretario de Finanzas del Consejo Directivo Nacional de ATE, Eduardo De Gennaro, otorgó un plazo de cinco días hábiles para retirar la iniciativa y convocar a una negociación con los gremios estatales.
En el documento, ATE sostiene que la reforma previsional «vulnera el artículo 14 bis y el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional», además de los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional.
Entre los principales cuestionamientos menciona el aumento de la edad jubilatoria y de los años de aportes, así como la modificación del cálculo del haber inicial sobre los últimos 30 años de actividad, medidas que —afirma— implican «una regresión de derechos previsionales y una pérdida del poder adquisitivo de los futuros haberes», en violación del principio de movilidad y del carácter integral e irrenunciable de la seguridad social.
El gremio también sostiene que el proyecto «consolida un ajuste que recae sobre los trabajadores activos y futuros jubilados, sin atacar las verdaderas causas del déficit», entre las que señala la evasión patronal y la falta de aportes de la Provincia.
Asimismo, argumenta que la reforma modifica condiciones esenciales de la relación de empleo público, por lo que debió discutirse en el marco de la negociación colectiva, conforme a los Convenios 151 y 154 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Finalmente, ATE advierte en la intimación que, de no accederse a sus planteos, iniciará «todas las acciones judiciales, administrativas y gremiales que correspondan, incluyendo medidas de acción directa», y responsabilizará a la Provincia por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a los trabajadores.
«Ahora vienen las consecuencias constitucionales»
Consultado por DIARIOJUNIO, el abogado concordiense Horacio Velázquez Pens explicó que la presentación de las cartas documento constituye el primer paso de una estrategia jurídica más amplia, que comenzará a desplegarse tras la aprobación de la reforma.
«Lo que están advirtiendo los gremios y otras organizaciones es que van a hacer acciones legales, administrativas y judiciales. Va a haber un montón de acciones judiciales entre amparos, juicios y acciones administrativas», sostuvo.
En ese sentido, recordó que una medida cautelar presentada con anterioridad fue rechazada, aunque aclaró que esa decisión no modifica la estrategia jurídica de las organizaciones sindicales. «Ese amparo fue una especie de cautelar preventiva que no tuvo lugar. Ahora van por las consecuencias constitucionales», explicó.
Según indicó, los futuros planteos estarán centrados en la afectación de derechos adquiridos tanto de los trabajadores en actividad como de los jubilados. «A grandes rasgos, estamos hablando de la pérdida de derechos adquiridos de quienes hoy están en actividad y también de los pasivos, especialmente por los aportes solidarios que se establecen y que entendemos son inconstitucionales», afirmó.
Velázquez Pens consideró además que el conflicto previsional trascenderá el ámbito provincial y podría terminar en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. «Seguramente todo esto, si el Superior Tribunal de Justicia no lo resuelve adecuadamente, termina en la Corte Suprema. Esto recién empieza; no termina con esta gestión y va a generar consecuencias durante muchos años», concluyó.