En el texto remitido este lunes al juez de la causa, Marcelo Martínez de Giorgi, el mandatario entrerriano expresó: “Que habiendo tomado conocimiento de que me encontraría involucrado como víctima de las presuntas maniobras de inteligencia ilegal que se investigan en las presentes actuaciones, concurro ante Vuestra Señoría a fin de solicitar ser tenido como particular damnificado”.
La actuación se circunscribe de acuerdo con lo prescripto en los artículos 82, 83 y sucesivos del Código Procesal Penal de la Nación (CPPN) y artículo 5 incisos h, i y concordantes de la Ley 27.372, y el artículo 131 del CPPN, y procede “contra aquellas personas que resultaren autores o de cualquier modo hubieren tomado intervención en las acciones investigadas, permitiéndoseme para ello tomar vista de las actuaciones”.
En la misma misiva, el gobernador expresó: “Asimismo, hago expresas reservas de derecho de ampliar el rol de querellante con relación a posibles coautores, instigadores y encubridores según prevén los artículos 45, 46 y 277 del Código Penal de la Nación, cuya responsabilidad en los hechos que motivan la presente querella pueda surgir de la instrucción”.
Bordet estaría en la lista de decenas de personas con trayectoria pública en las actividades partidaria, sindical, judicial, mediática y empresarial espiados ilegalmente, según lo dictaminado por el fiscal federal Gerardo Pollicita.
Durante la jornada, Pollicita pidió ampliar la indagatoria del ex policía detenido Ariel Zanchetta, quien se presenta como periodista y está acusado por supuestas maniobras de espionaje sobre jueces, políticos, dirigentes sociales, periodistas y empresarios, entre los que se encuentra el gobernador Gustavo Bordet.
Según surge de un dictamen de más de 150 páginas, las evidencias relevadas demuestran que el nombrado “por su cuenta o por orden o disposición de terceras personas, obtuvo y reunió información personal de miles de personas –entre ellas, políticos, magistrados, funcionarios públicos, periodistas, empresarios, dirigentes sociales, deportivos y sindicales– la que luego sistematizó y analizó en, al menos, 1.196 informes de inteligencia», se informó oficialmente.
La responsabilidad penal de Zanchetta –y de otras personas aún sin determinar– en la realización de actividades de espionaje ilegal se ajustan a los términos del artículo 43 ter de la Ley de Inteligencia Nacional.
