El pedido formal tiene como objetivo preservar al entramado pyme federal y promover su desarrollo, frente a un esquema de multas que, según la entidad, resulta desproporcionado para la realidad económica de las pequeñas y medianas empresas.

La solicitud fue presentada mediante una nota fechada el 23 de enero de 2026, en la que CAME pidió que, en uso de sus facultades, el Ministerio de Economía instruya a ARCA a dictar normas complementarias que morigeren la incidencia de las sanciones económicas contempladas en la normativa vigente.

Desde la entidad empresaria advirtieron que las multas previstas en los artículos 38 y 39 de la ley —y sus incorporaciones posteriores— pueden resultar excesivas para las pymes, afectando seriamente su capacidad de funcionamiento, inversión y sostenimiento del empleo, especialmente en el actual contexto económico.

En ese marco, CAME recordó antecedentes administrativos como las Instrucciones Generales AFIP N° 6/2007 y 7/2020, que contemplaban criterios de razonabilidad y capacidad económica al momento de aplicar sanciones, y propuso un esquema de reducción porcentual de las multas según el tamaño del contribuyente:

Microempresa y personas humanas (que no califiquen como “gran contribuyente individual”): 90 %

Pequeña empresa: 70 %

Mediana empresa – Tramo I: 40 %

Mediana empresa – Tramo II: 20 %

¿Qué es la Ley de Inocencia Fiscal?

La Ley de Inocencia Fiscal introduce un cambio en el enfoque sancionatorio tributario al establecer que los contribuyentes no deben ser considerados culpables de manera automática ante determinadas infracciones, especialmente cuando no existe intención deliberada de evasión. La norma busca priorizar la regularización voluntaria y la buena fe, aunque mantiene multas económicas que, según distintos sectores, pueden resultar desproporcionadas si no se aplican criterios de proporcionalidad.

La nota enviada al ministro Caputo fue firmada por la secretaria general de CAME, Beatriz Tourn, quien remarcó que “la incidencia de estas multas puede provocar un alto perjuicio en una empresa pyme” y expresó la expectativa de que el Gobierno avance en una reglamentación más equitativa.

Desde la entidad empresarial aclararon que el objetivo del planteo no es eliminar las sanciones, sino adecuarlas a la realidad económica de los contribuyentes, evitando que herramientas pensadas para ordenar el sistema fiscal terminen asfixiando a quienes sostienen gran parte del empleo y la producción del país.