Durante muchos años, la discusión previsional en Entre Ríos estuvo atravesada más por consignas y posiciones políticas que por datos concretos. Por eso, una de las decisiones de esta gestión fue comenzar a transparentar con claridad la situación real de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia.

Para tratar de comprender la angustiante circunstancia que vive la humanidad toda, hay que retroceder algunas décadas nomás. Corrían los fines de la década de los sesenta y el sistema capitalista enfrentaba una doble crisis que parecía anunciar su propio colapso, cuando las tasas de beneficio se derrumbaban y las calles de Occidente hervían con fervor revolucionario de las luchas obreras, que no se visualizaban desde hace años. En nuestro país tuvo su máximo exponente con el fenómeno del Cordobazo, que a propósito el próximo 29/05/2026 se cumplirán 57 años, que marcó un antes y un después en la reconfiguración del escenario político.

El problema del actual gobierno nacional no fue haber colocado el equilibrio fiscal como pilar de su programa económico. El problema fue cómo lo hizo. Allí estuvo la verdadera falla: no en la decisión de ordenar las cuentas, sino en la mala praxis con la que se ejecutó ese objetivo.

Finalmente, el ‘Peronismo Federal’ mostro sus cartas. El impulsor local fue Michel. Cuando comenzaron con este proyecto se entusiasmaban con reunir referentes nacionales, desde Miguel Ángel Pichetto a Juan Schiaretti, pasando por Diego “sanguchito” Bossio, y Juan Manuel Urtubey; incluso exageraban las expectativas ilusionándose extenderían la convocatoria a extrapartidarios como Pullaro y Frigerio, pero la iniciativa se les pinchó. Las primeras señales del intento las dio Guillermo Michel, que organizó encuentros en Gualeguaychú, primero con Massa (S) y después con Pichetto (M.A.). Incluso Michel extendió la agenda de conferencistas invitados hasta al ex diputado Diego Bossio. Mientras Rosario Romero reclamaba un lugarcito en la mesa chica invitándolo a Schiaretti (J.) a Paraná. La idea implícita era sentar las bases de un ‘peronismo de centro’ en el que estuviera excluido todo lo que oliera a kirchnerismo y/o progresismo de cualquier tipo y color. Una especie de oxímoron a quien localmente bautizaron como el ‘peronismo antiperonista’. Y para completar esta colcha de retazos políticos, se sumó a la foto Lorena Arrozogray, la ex viceintendenta de Martin Esteban Piaggio, aunque no quedó claro si fue a título personal o como mensajera de Piaggio (E.) Pero históricamente, por experiencia, sabemos que cuando una fuerza política en nuestro país reclama para sí el espacio ‘centro’ se habla de sectores que ideológicamente articulan con el establishment y expresan a la derecha conservadora. En el peronismo siempre han existido peronistas culposos que desesperan mostrarle al poder que ellos son “buenos” que nada que ver con la chusma; que ellos vienen a mantener el populacho bajo control.

En el marco de los 50 años del golpe, una serie de actividades culturales en Concordia —presentaciones de libros, charlas y documentales— volvió a poner en el centro la Memoria, la Verdad y la Justicia como herramientas frente al negacionismo. Desde la reconstrucción histórica hasta la emoción colectiva, el arte se reafirma como un territorio imprescindible para narrar el horror y sostener, en el presente, el compromiso con el Nunca Más.

Una definición del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, reabre un viejo debate con implicancias profundas: ¿qué significa que la Argentina “se parezca a Perú”? A partir de un recorrido histórico y político comparado, se puede advertir sobre los riesgos de una “perunización” del país: fragmentación social, debilitamiento democrático y desaparición de la clase media frente a un modelo económico excluyente. Al mismo tiempo permite reivindicar el rol del peronismo como herramienta de integración y movilidad social, en tensión con un escenario regional marcado por desigualdades estructurales.

La precarización del trabajo, el desempleo y el deterioro de las condiciones de vida aparecen como factores determinantes en la crisis de salud mental que atraviesa Concordia y el país. A partir de esa premisa, es necesaria una mirada crítica sobre el contexto social y político actual, y poner en valor un proyecto de ordenanza para la prevención del suicidio, impulsado a nivel local, como una herramienta necesaria, aunque insuficiente frente a una problemática estructural que exige respuestas integrales del Estado.

En medio de una escalada que amenaza con desbordar Medio Oriente, la irrupción silenciosa de Corea del Norte y el respaldo estratégico de Rusia alteran el tablero geopolítico y ponen en jaque la supremacía militar de EE. UU. e Israel. Entre misiles hipersónicos, disputas energéticas y tensiones globales, el conflicto se reconfigura con actores y objetivos que exceden la narrativa dominante.

El Concejal Felipe Sastre ya nos tiene acostumbrados a presentar proyectos que eliminan derechos adquiridos, intentando nivelar hacia abajo la calidad laboral de los trabajadores municipales. Ahora propone una modificación del régimen de licencias que, bajo la excusa de la "modernización", esconde una posición misógina y machista; una impronta que parece ser el sello de toda la gestión de Francisco Azcué.

Lo que comenzó como una aparente “diferencia de criterio” en la liquidación de haberes a funcionarios municipales jubilados se transforma, con el paso de los días, en un caso de creciente gravedad institucional. La superposición de decisiones contradictorias, mecanismos de pago cuestionados y advertencias ignoradas no solo revela fallas administrativas: abre la puerta a eventuales responsabilidades penales. Jurisprudencia vigente, antecedentes internos y actos administrativos recientes configuran un escenario donde ya no alcanza con hablar de errores o desprolijidades. Si se comprobara que existieron maniobras para sostener pagos incompatibles con la normativa previsional o para eludir controles legales, los funcionarios intervinientes podrían enfrentar consecuencias judiciales concretas. En ese marco, el caso deja de ser un problema técnico para convertirse en un conflicto político, institucional y potencialmente penal, con derivaciones que aún están lejos de dimensionarse por completo. Es de destacar que, a la fecha, el supuesto decreto que habría dispuesto la baja del Código 600 para los funcionarios involucrados no se encuentra publicado en el Boletín Oficial. Asimismo, quien suscribe no ha podido acceder a dicho instrumento pese a las gestiones realizadas, lo que agrega un manto de opacidad a una situación ya de por sí compleja.