Por Javier Orduna (*)

La propuesta, según observaciones preliminares, ha generado críticas por su enfoque abstencionista y prohibicionista. Entre los puntos cuestionados se señala que:

• Representa una intromisión en la vida personal de los funcionarios públicos.
• Se limita exclusivamente al consumo de sustancias ilegalizadas, dejando fuera drogas legales con alto potencial de abuso, como benzodiacepinas y opioides.
• Criminaliza a los usuarios en lugar de abordar las adicciones como un problema de salud pública.

El paradigma prohibicionista: un modelo fracasado

El proyecto de Concordia se inscribe en un enfoque prohibicionista inaugurado en junio de 1971 por el presidente estadounidense Richard Nixon bajo la llamada “guerra contra las drogas”. Desde entonces, el consumo de drogas no ha disminuido, sino que ha mostrado un crecimiento constante.

La política pública basada en esta lógica beligerante ha tenido consecuencias devastadoras en otras latitudes, como México, donde desde 2006 la militarización del conflicto ha dejado más de 350.000 muertos y 72.000 desaparecidos. Este antecedente lleva a preguntarse si Concordia necesita un enfoque que podría replicar tales escenarios de violencia y estigmatización.

Omisiones en la política local

La propuesta llega en un contexto donde la Municipalidad de Concordia muestra falencias significativas en su abordaje de las adicciones:

• La Dirección de Políticas de Fortalecimiento Social, responsable de la prevención de adicciones, cuenta solo con tres psicólogos para una población de 200.000 habitantes.
• La mayoría del personal está contratado bajo monotributo, con ingresos que oscilan entre $190.000 y $300.000, muy por debajo de la línea de indigencia. Mientras tanto, la Directora de dicha área percibe un sueldo de $1.800.000.
• No existe un abordaje territorial; todos los recursos se concentran en un único Centro de Fortalecimiento Social.
• El Colegio de Psicólogos ofreció un plan integral de salud mental para la ciudad, pero no recibió respuesta del municipio.

Además, llama la atención que en la Ordenanza Orgánica Municipal 3403 se eliminó la palabra “droga”, dejando la prevención en un limbo administrativo.

Contradicciones y disociación del rol de gobierno

Desde la oposición se plantea que el proyecto refleja una preocupante disociación entre las prioridades del gobierno y las necesidades reales de los concordienses. En lugar de desarrollar políticas activas de prevención de adicciones, se busca controlar a los funcionarios municipales mediante controles aleatorios, trasladando el enfoque del problema al ámbito personal de quienes ocupan cargos públicos.

El proyecto menciona que serán sometidos a estos controles: el Presidente Municipal, Vicepresidente Municipal, Concejales, Secretarios, Directores, y titulares de organismos descentralizados, entre otros.

Esto genera varias preguntas:

• ¿Cómo mejora la vida de los concordienses criminalizar las adicciones?
• ¿Qué recursos económicos destina actualmente la Municipalidad a la prevención del consumo de drogas?
• ¿Qué impacto tiene esta propuesta en una ciudad donde el consumo problemático de sustancias se presenta como una de las mayores problemáticas sociales?

Balance de un año de gestión

A un año de gestión no peronista, el gobierno municipal de Concordia enfrenta críticas por la falta de políticas efectivas en temas sensibles como la prevención de adicciones y la salud mental. En lugar de atender estas demandas con un enfoque integral, el proyecto presentado refleja, según la oposición, una desconexión entre las acciones del Ejecutivo y las necesidades urgentes de la población.

Queda por ver si esta iniciativa será debatida en profundidad en el Honorable Concejo Deliberante y si se ajustará a un enfoque más inclusivo y basado en la evidencia. Mientras tanto, las demandas por políticas públicas eficaces y justas siguen siendo una asignatura pendiente.

(*) Abogado. Congresal Provincial Partido Justicialista. Militante Agrupación Renovación Peronista