El operativo se realizó a raíz de una denuncia por un conflicto entre el dueño del departamento y su inquilino, un ciudadano chileno que había alquilado «de palabra» el contrato con una mujer santafesina.

Según la investigación, el inquilino se presentó en el lugar luego de varios meses y se encontró con que la cerradura había sido cambiada y no podía acceder al inmueble, donde aún tenía electrodomésticos propios. Al ingresar la policía, se encontraron con Ángel Yamil Benavidez, de 40 años, quien era el subinquilino del departamento y estaba en posesión de 45 millones de pesos, 85.000 dólares, 22.000 euros y 23.000 reales, además de 39 tarjetas de débito emitidas todas por el mismo banco.

Según publicó UNO Santa Fe, Benavidez fue detenido e imputado por los delitos de lavado de activos y defraudación mediante el uso de tarjetas de débito. La fiscalía federal sigue con las investigaciones para determinar si hay más personas implicadas en la maniobra delictiva, que acaparó la atención social y mediática en una semana movilizada por el desarrollo del caso.

Por otra parte, también se supo que militó activamente en la UCR de Diamante y que luego se radicó en Santa Fe, donde estudio Derecho en la UNL y continuó con su militancia política. Asimismo, trascendió que en 2016 fue Coordinador Ejecutivo del Programa de Actividades, Vía Pública y Transporte, dependiente de la Secretaría de Control; y en 2017 fue nombrado por José Corral, por entonces intendente de Santa Fe, como Coordinador Ejecutivo del Programa de Tránsito y Seguridad Vial.

PERSONAJE TURBIO

El periodista de UNO, Matìas Albani cuenta que Benavidez robò la identidad de 39 titulares de tarjetas y que la investigación judicial está a cargo del fiscal federal N°2 Walter Rodríguez.

Nuevos actores entrevistados en el marco de la investigación, dieron cuenta del modus operandi con el que el acusado, que permanecerá detenido, realizaba transacciones a cuentas bancarias a nombre de gente que no tenía la remota idea de que dichas cuentas existían, ni mucho menos que estaban a su nombre. Este accionar delictivo fue realizado desde el año 2020 según las investigaciones en curso.

La clave pasa por lo que fuentes de la fiscalía deslizaron sobre la continuidad de la investigación y el dictamen que se expuso en la audiencia indagatoria. Para dar forma a esto, la fiscalía entrevistó hasta el momento a una «buena» cantidad de las 39 personas que figuraban como titulares de las tarjetas de débito, dando con la coincidencia de que muchas de ellas compartían vínculos de parentesco.

Lo más llamativo aparece cuando se nombra que en la mayoría de las personas entrevistadas provienen de barrios carenciados de la ciudad de Santa Fe y de otras localidades, de donde en primera instancia el imputado recababa datos de diferentes personas, robandole su identidad mediante la captura fotográfica de su DNI y posterior escaneo.

De esa forma creó las cuentas bancarias a nombre de estas personas que habrían desconocido su accionar según la hipótesis manejada desde fiscalía hasta la actualidad. El alta de estas cuentas fue activado «por tandas» según expuso el fiscal a cargo de la causa. «A las cuentas se accedía a través de nombres de terceros para canalizar vía bancaria un producto y mal utilizarlo, es decir, que se convierta en un producto financiero ya que el detenido fue solo el que las expidió», afirmó Rodríguez.

UNO