El Gobierno de Entre Ríos salió este viernes a fijar posición luego del fallo judicial que ordenó excluir de los desayunos y meriendas escolares los productos con sellos de advertencia.
A través de un comunicado oficial, aseguró que cumplirá de inmediato con la resolución y realizará las adecuaciones correspondientes sobre los productos alcanzados, pero remarcó que la decisión judicial no implica, según su interpretación, desarmar el nuevo sistema de alimentación escolar.
En ese sentido, sostuvo que el fallo “no anula la licitación, no rescinde el contrato vigente, no impide el sistema centralizado de provisión ni ordena regresar al mecanismo anterior”.
La aclaración apunta directamente al eje de la discusión: para la Provincia, la Justicia estableció una restricción concreta sobre los alimentos que pueden entregarse en los establecimientos educativos, pero no cuestionó el mecanismo elegido para organizar las compras y la distribución.
La defensa del nuevo esquema
El Ejecutivo también destacó que la resolución reconoce valor probatorio a la documentación técnica presentada y considera acreditado que la centralización de las compras surgió de un diagnóstico previo orientado a mejorar la trazabilidad, los controles y la homogeneidad de la prestación.
En esa línea, remarcó que el fallo ratifica las facultades del Poder Ejecutivo para organizar el Programa Alimentario Escolar, definir los mecanismos de adquisición, seleccionar los productos, establecer los menúes, determinar proveedores, disponer controles y administrar los recursos.
Por eso, más allá de la adecuación que deberá realizar sobre los productos alcanzados por la resolución, ratificó que continuará con el proceso de transformación del sistema.
“El objetivo no es defender un producto, una marca o una empresa, sino garantizar una mejor alimentación para los estudiantes entrerrianos”, sostuvieron.
Qué cambia y qué no, según su postura
Según afirmaron desde el Gobierno, la transformación del sistema comenzó a elaborarse desde el inicio de la gestión y, después de más de un año de trabajo, derivó en una licitación pública y abierta.
El objetivo planteado es centralizar la organización de desayunos y meriendas para tener mayor trazabilidad sobre toda la cadena: saber qué se compra, cuánto se paga, dónde se entrega y qué recibe cada estudiante.
Así, el esquema continuará siendo mixto. Mientras desayunos y meriendas tendrán una organización provincial, los almuerzos seguirán siendo administrados por las escuelas, que mantienen la posibilidad de realizar compras de alimentos en comercios y proveedores de cada localidad.
En tanto, aseguró que ningún estudiante dejará de recibir su desayuno o merienda como consecuencia de la adecuación ordenada por la Justicia.
Finalmente, insistieron en que, mientras analizan los fundamentos jurídicos de la sentencia y los pasos procesales que correspondan, el Gobierno cumplirá lo dispuesto y continuará avanzando con el nuevo sistema.

