El Gobierno de Javier Milei dio un nuevo paso en su política de privatizaciones y oficializó la venta de la participación estatal en la empresa que controla la principal red de transporte eléctrico de alta tensión del país.
La medida fue publicada en el Boletín Oficial de este martes mediante la Resolución 673/2026 del Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, y confirma la adjudicación de las acciones de Citelec S.A. que pertenecían a Energía Argentina S.A. (ENARSA).
La operación quedó en manos del consorcio integrado por Genneia y Edison Transmisión S.A., que ofertó USD 356.174.811,78 para quedarse con el paquete accionario.
Aunque Citelec es una firma poco conocida para la mayoría de la población, posee el control accionario de Transener S.A., la empresa encargada de operar las líneas de alta tensión que transportan energía eléctrica a gran parte del territorio argentino. En los hechos, quien controla Citelec pasa a manejar la infraestructura central del sistema eléctrico nacional.
Las líneas de alta tensión son las que trasladan la electricidad desde las centrales generadoras hacia provincias, ciudades y distribuidoras eléctricas. Sin ese sistema, no puede funcionar el abastecimiento energético a gran escala en el país.
El proceso había comenzado formalmente meses atrás, cuando el Gobierno incluyó a ENARSA dentro del listado de empresas “sujetas a privatización” contempladas en la Ley Bases. A partir de allí se inició el desguace por etapas de distintas unidades de negocio vinculadas al sector energético estatal.
La privatización se concretó a través de un concurso público nacional e internacional impulsado por el Gobierno nacional en el marco del plan de reducción y retiro del Estado de áreas consideradas estratégicas.
Además de Genneia y Edison, también participaron de la licitación Central Puerto S.A. y Edenor S.A., aunque sus ofertas quedaron por debajo de la adjudicataria.
Desde el oficialismo sostienen que la medida apunta a “modernizar” y “desregular” el sistema energético. Sin embargo, la venta vuelve a abrir el debate sobre el rol del Estado en sectores clave como la energía y sobre la pérdida de participación pública en infraestructura estratégica.
La resolución establece además que el contrato de compraventa deberá firmarse dentro de los próximos quince días hábiles, consolidando así el traspaso definitivo del control accionario al sector privado.
1 comentario
Luis
La entrega es total, una vez que se vayan estos cipayos quedaremos como colonia.