El pedido de Davico va en contra de los principios constitucionales de Argentina, que garantizan el derecho a la vida y han ratificado compromisos internacionales contra la pena de muerte. De hecho, la Argentina abolió la pena capital de hecho en 1994 al otorgar jerarquía constitucional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y la pena de muerte fue formalmente derogada con la modificación del Código de Justicia Militar en 2008.

El ex Canciller Héctor Timerman, junto a ministros de otros países, firmó en 2014 una declaración conjunta a favor de la abolición de la pena de muerte, una postura que ha sido respaldada por todos los gobiernos democráticos desde entonces, incluida la gestión de Mauricio Macri, quien ratificó en 2018 su compromiso con la abolición en un contexto internacional.

Las declaraciones de Davico podrían tener implicaciones legales, ya que podría violar la Constitución Nacional, la cual prohíbe expresamente la pena de muerte, y eventualmente podría derivar en una denuncia por incitación a la violación de derechos humanos.

Una Propuesta Radical Ante un Problema Real

El narcotráfico y el consumo de drogas siguen siendo temas candentes en muchas ciudades argentinas, y Gualeguaychú no es la excepción. La propuesta de Davico refleja la frustración ante la falta de respuestas efectivas por parte del Estado nacional en la lucha contra el crimen organizado. Organizaciones políticas y sociales coinciden en que la violencia estatal, como lo implicaría una medida como la pena de muerte, no es la solución al problema del narcotráfico, sino que la estrategia debe centrarse en políticas de prevención, rehabilitación y fortalecimiento de las instituciones de seguridad.

Fuente: Con información de El Argentino