Abogados del foro local señalaron a este medio que existen antecedentes de quejas por presunto maltrato laboral durante el período en que Ortiz se desempeñó como jueza suplente en el Juzgado de Familia Nº2. Esas presentaciones, siempre según las fuentes, habrían llegado tanto la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER) como al Colegio de la Abogacía.
No existen, hasta donde pudo corroborar este medio, sanciones firmes derivadas de esas quejas. Sin embargo, el tema reaparece ahora en el debate interno sobre su perfil para ocupar un juzgado de Familia, un ámbito que exige templanza, equilibrio y capacidad de conducción de equipos interdisciplinarios.
En cuanto a sus antecedentes concursales, Ortiz participó en el Concurso Nº 226 del Consejo de la Magistratura en 2020 para el Juzgado de Familia Nº3, donde quedó quinta en el orden de mérito con 69,79 puntos. Posteriormente, también concursó para una Secretaría en el mismo fuero y no resultó seleccionada. Esos antecedentes de concursos lejanos y fallidos —señalaron fuentes judiciales— no serían considerados por el STJER al momento de evaluar una subrogancia, porque su designación responde una facultad administrativa del Alto Cuerpo.
La designación de suplentes en el juzgado de Familia es una atribución del STJER, que se resuelve primero mediante acuerdo entre los vocales de la Sala Penal y la Sala Civil, sino hay acuerdo pasa a discutirse en el Acuerdo General del Plenario, integrado por los nueve vocales.
Fuentes judiciales sostienen que Ortiz contaría con respaldos políticos y apoyos internos que no hacen más que repetir un mecanismo reiterado y atribuido a la «rosca» de la familia judicial: decisiones administrativas que, sin mediar concurso nuevo, terminan resolviéndose en el terreno de las afinidades, los equilibrios internos y las devoluciones de favores.
Por lo expresado, el eventual regreso de Ortiz no se podría comprender sin atender a los vínculos históricos de su entorno familiar con sectores de poder dentro de la Justicia entrerriana. Su abuelo, el fallecido general Raúl José Ortiz, tuvo relación con el actual vocal del STJER Daniel Omar Carubia durante los años de la última dictadura, Carubia le debería al general su ingreso a la justicia. En ese contexto, es que se sospecha que el inoxidable vocal del STJER (se desempeña como tal desde 1988) sería hoy uno de los respaldos de la postulación de la abogada Ortiz.
«Un diario digital de cuarta» y advertencias a colegas
A mediados de enero de 2026, la abogada Ortíz, ex directora del COPNAF nombrada por el gobernador Rogelio Frigerio, publicó un estado de WhatsApp en el que negó que fuera a regresar al Poder Judicial y cuestionó a un “diario digital de cuarta”, en alusión —sin nombrarlo— a una nota publicada por este medio. En el mismo mensaje acusó a colegas de intentar “robarle clientes” con el argumento de que pronto sería designada jueza y advirtió que podría denunciarlos ante el Colegio de la Abogacía.
Esa publicación habría generado un profundo malestar entre colegas y valió un llamado de atención «informal» de parte del Colegio de la Abogacía de Concordia.
Para algunos abogados consultados, el episodio expuso el temperamento de la abogada Ortiz, ya conocido en los pasillos de tribunales, al que consideran “inadecuado” para un cargo de alta sensibilidad. Otros, en cambio, relativizaron el hecho y lo interpretaron como una maniobra para despegarse de las versiones y allanar el camino a una eventual designación sorpresiva.
«La heredera del General»
En octubre pasado, una nota de DiarioJunio titulada “La heredera del general”, repasaba vínculos familiares de la abogada con su tío, el ex juez Julián Genaro Quevedo, y con el fallecido general Raúl José Ortiz, este último vinculado al aparato represivo durante la última dictadura militar y quien -como contamos- habría sido determinante para el ingreso del hoy vocal de STJER, Daniel Carubia, a la justicia.
El informe recordó la firma de la abogada en solicitadas en defensa de militares detenidos.
En 2011, DiarioJunio publicó una nota que daba cuenta que en 2002 y 2003 circularon en Internet solicitadas firmadas por decenas de personas, entre ellas el juez Quevedo, su esposa Marta Silvia «Matachi» Ortiz -una ex empleada de tribunales-, y la propia abogada Constanza «Coty» Ortiz, entre otros firmantes, en apoyo a militares detenidos y al represor Ricardo Miguel Cavallo, alias Sérpico, por entonces detenido en México y con pedido de extradición a España. El ex juez Quevedo también aparecía en páginas conectadas con Memoria Completa, la organización encabezada por Cecilia Pando, conocida apologista del terrorismo de Estado.
El artículo 6 de la Constitución de Entre Ríos establece que quienes hayan participado en delitos de lesa humanidad o incurran en su apología quedan inhabilitados a perpetuidad para ejercer la función pública.
6 comentarios
Juan Donado Smilje
Jaaaaaa. Pregunten a los empleados del copnaf como los trataba… Se cree jefa de estancia la morocha… En fin, no la quieren los colegas, no la quieren en la justicia, no la quieren, ni en el copnaf ¿el único que la quiere es FRIGERIO?
MODALES SE APRENDEN EN LA CASA SRA. CORONELA…
MANUEL
Porque la ha de querer……tanto……. Frigerio?
Observador
El general «Cocacho» Ortiz, lo hizo largar a Carubia (padre) de la cárcel donde estaba por chanchullos varios. Después lo hizo nombrar a Carubia hijo como fiscal, en la Justicia. Como no va a estar agradecido Daniel, con la nieta del General?
LAUTARO
Una excelente funcionaria que hace trabajar a su personal. Cada vez que hay un funcionario que hacer trabajar a quien tiene a cargo, lo denuncian por violencia laboral. Y ademas la unica que se le planto a este serpentario digital.
Dr.
Una «abogaducha», si una triste desconocida, y del riñón de milicos procesistas, hace un escándalo a un poder entero y los colegiados abogados, por un puesto, en el que solo le interesa, como a todos, el sueldo,la plata a cobrar mensual, que es de privilegios. Un poder donde ni el corto y pésimo horario cumplen. Debería ser exonerada de plano y chau. Demasiado problemas tiene hoy nuestro pueblo y ciudadanos, para que una, solo una insignificante, persona o abogada, sin ningún mérito, haga semejante quilombo.. Otro bochorno de abogados y poder judicial .
Juan Cruz
Esta ignota mujer, al menos para los ciudadanos que no estamos inmersos en el mundo judicial y desconocemos a la gran mayoría de los actores, además de violenta es bruta. Si con esa virulencia defiende a sus clientes, muy bien no le ha de ir. Cero argumento en este breve texto y sí mucha violencia. Por eso digo: si así se defiende a sí misma, bueno… Es indudable que estas personas cuando no se pueden defender con argumentos, cuando no pueden contraargumentar, cuando pueden no pueden refutar, entonces comienzan las descalificaciones (tema de tercer año del secundario en el programa bajo el título de «El discurso argumentativo y sus estrategias».