Pessolani Beichet indicó que ayer en el Senado «ganó la impunidad». «Mientras el país exige reglas claras, esfuerzo y honestidad, los senadores que ayer votaron en contra de este proyecto decidieron lo contrario; decidieron priorizar sus intereses y habilitar a condenados en doble instancia a que sigan siendo candidatos».

«A cualquier ciudadano común se le exige un certificado de antecedentes penales para sacar una licencia de conducir y al presidente le basta con ser condenado en doble instancia para poder seguir siendo candidato y esto es inaceptable», dijo la concejal libertaria. «Que el kirchnerismo haya festejado de la forma que festejó ayer el rechazo del proyecto es una falta de respeto para todos los argentinos de bien que no queremos seguir convalidando estas situaciones», remarcó Pessolani. La preocupación por la transparencia llegó hasta ahí ya que no dijo nada acerca de la actitud de los bloques de senadores de La Libertad Avanza (LLA), el PRO, la Unión Cívica Radical (UCR) y aliados provinciales que, en la misma sesión, rechazaron tratar sobre tablas el pedido de interpelación a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y al ministro de Economía, Luis Caputo, en el marco de la causa $LIBRA.

Por su parte, Sastre dijo que el proyecto de Ficha Limpia era una de las banderas del partido desde hace mucho tiempo. «El kirchnerismo con sus maniobras tan típicas de proteger corruptos se alzó ayer con un resultado que hace mal a la República». Más adelante, dijo que ayer hubo una oportunidad de expulsar a los corruptos con una norma clara que dice que quien tiene dos condenas no puede postularse a un cargo electivo. Y lo comparó con la situación de los choferes de remises que no pueden sacar licencias sin certificado de antecedentes penales o de aspirantes a cargos en el municipio sin el mismo certificado porque «así lo dispuso el intendente Francisco Azcué».

La presidenta del Concejo, Magdalena Reta, también opinó al finalizar la sesión. Sostuvo que, de esa forma, los lugares más importantes de la democracia son «una cueva de delincuentes». «Van a buscar fueros para cobijarse en estos lugares que deberían ser ejemplares».

Desde la oposición no hubo réplica alguna a las expresiones. Sin embargo, al finalizar la sesión, una integrante de la bancada del PJ, Carolina Amiano, sostuvo que la intención es la proscripción de CFK ya que nadie hizo mención de Fabián Pepín Rodríguez Simón, el operador judicial del macrismo, quien estuvo prófugo tres años y medio después de haberse escapado a Uruguay. Junto al expresidente Mauricio Macri integraba la mesa judicial que está acusada de coordinar el uso de la Justicia para perseguir opositores. Entre ellos, los dueños del grupo Indalo, Cristóbal López y Fabián De Sousa, que hicieron la denuncia porque aseguran que los extorsionaron para que pusieran sus medios al servicio del gobierno del PRO de meter presa a Cristina Kirchner.

Respecto del expresidente Mauricio Macri, desde el bloque del PJ se señaló que no se habló de la causa Correo. Hay que recordar que esta implica al caso del Correo y lleva en su carátula el nombre de SOCMA AMERICANA SA, empresa medular del grupo Macri, controlante del Correo, que debería ser la que afronte la quiebra si quedara firme, lo que podría causar la ruina económica para la familia. «El expediente por la deuda del Correo se inició en el 2001 pero recién dos décadas después la jueza Marta Cirulli hizo la declaración de quiebra, que quedó suspendida con la apelación. La magnitud y las implicancias del tema se hicieron visibles en 2017 durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando la fiscal ante la Cámara Comercial, Gabriela Boquín, detectó que se había armado un acuerdo espurio con el propio Estado para licuarle el 98,87 por ciento de la deuda, que ella logró frenar. Esto también derivó en una causa penal. Boquín reveló cada vez más irregularidades en el trámite del concurso de acreedores. Los Macri echaron mano de cuanto recurso judicial (y político) pudieron para no pagar la deuda. Uno de los planteos fue que los recursos ante la Cámara sean revisados por el TSJ porteño», según publicó Página 12 a fines del año pasado.

Finalmente, Amiano también hizo alusión a Eduardo Cristina, quien fue nombrado como presidente de la Codesal en enero de este año. En diciembre de 2023, luego de un largo proceso judicial que llevó 20 años, el Tribunal Oral Federal de Paraná emitió sentencia en una causa caratulada como Infracción al Código Aduanero, lo que en este caso consistió en la conformación de una aduana paralela que provocó daños al Estado Nacional. Entre los procesados, y ahora condenados a pagar por los hechos, había varias personas de Concordia. El más reconocido es Cristina, quien fue precandidato a la intendencia de Concordia. «Eran los abanderados de Ficha Limpia y sin embargo Frigerio a Eduardo Cristina lo puso y está condenado y toda la sociedad lo sabe». «Pero siempre se habla de un sector», señaló la edil opositora esta mañana.