La bioingeniera Estefanía Carolina Mucharli, jefa del Departamento de Cómputos y Certificaciones de la Dirección de Vialidad Urbana de la Municipalidad de Paraná, difundió un video en redes sociales en el que relató una situación de conflicto laboral e institucional que, según detalló, atraviesa desde febrero de 2024, tras advertir presuntas irregularidades en el sistema de control y certificación de obras públicas.
La profesional, empleada de planta permanente desde 2017, explicó que su función consiste en verificar que las obras ejecutadas en la vía pública coincidan con las mediciones técnicas que luego sirven de base para los pagos que el municipio realiza a las empresas contratistas.
En ese contexto, señaló que el esquema de control interno fue modificado cuando la Secretaría de Planificación e Infraestructura dispuso que las certificaciones pasaran a ser realizadas por los propios inspectores de obra, lo que — interpretó – eliminó un control técnico independiente del proceso.
“La secretaría les ordenó a los inspectores de obra ser juez y parte. Ellos inspeccionan, ellos certifican y cobran más cuando se certifica más. Yo, que era el control independiente en ese proceso, fui apartada”, afirmó.
El inicio del conflicto
Mucharli sostuvo que, a partir de ese cambio, comenzó a detectar irregularidades en el proceso de certificación, las cuales informó a sus superiores y posteriormente elevó a distintos organismos de control, en cumplimiento de sus obligaciones como agente pública.
Según indicó, esas presentaciones dieron origen a un expediente administrativo, en el que —aseguró— ya se han tomado declaraciones testimoniales y se ha incorporado documentación vinculada a los hechos denunciados.
A partir de ese momento, «comenzó un proceso progresivo de desplazamiento de mis funciones».
Vaciamiento de funciones y condiciones laborales
La funcionaria describió lo que calificó como un “vaciamiento sistemático” de su rol dentro del área técnica. Según relató, fue apartada del control de obras, dejó de recibir tareas específicas y permaneció en condiciones laborales que consideró inadecuadas para el ejercicio de sus funciones.
En tanto, indicó que sus compañeros habrían recibido indicaciones para restringir el intercambio de información y el contacto laboral cotidiano con ella. “Me sacaron el control de obras, me dejaron sola en una oficina, sin calefacción, sin tareas y sin compañeros”, remarcó.
Denunció además que informes técnicos elaborados en el ejercicio de su cargo fueron retirados de expedientes administrativos, e indicó que tomó conocimiento de una circular interna mediante la cual se excluía su firma de distintos trámites administrativos, sin haber sido notificada formalmente.
También señaló que se le habrían retirado adicionales salariales sin acto administrativo que lo justificara, según su versión.
Denuncia por violencia laboral
Mucharli informó que presentó una denuncia formal por violencia laboral e institucional en el ámbito municipal, en el marco de la normativa vigente, lo que dio lugar a la apertura de un expediente administrativo.
Sin embargo, aseguró que la situación no se detuvo y que, por el contrario, «se profundizó en los meses posteriores»
En ese sentido, señaló que dos técnicos que trabajaban junto a ella en el área fueron desvinculados de la estructura contractual durante el proceso de reorganización del personal de la Secretaría de Planificación e Infraestructura.
Uno de ellos, indicó, mantiene una relación de amistad de larga data con la denunciante, mientras que el otro es un familiar directo.
“No es una coincidencia, es una represalia y está documentada”, subrayó.
Pruebas y situación actual
En el tramo final de su testimonio, la funcionaria afirmó que toda la situación se encuentra respaldada por documentación, registros, mensajes, grabaciones y declaraciones testimoniales incorporadas al expediente administrativo en curso.
Aseguró además que su decisión de hacer pública la situación no tiene fines personales ni políticos, sino que responde a su obligación como funcionaria pública de informar hechos que considera irregulares.
“El expediente existe, los testigos ya declararon, las pruebas están. Es hora de que haya una respuesta”, concluyó.