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Informe Especial para DIARIOJUNIO: Críticas a la gestión de la Vía Navegable Troncal bajo el gobierno de Milei
En un detallado informe titulado "Afectación de la autonomía nacional y expulsión de las provincias ribereñas en la Vía Navegable Troncal de los ríos Paraná y de la Plata", el ingeniero Hernán Darío Orduna, el ex vocal de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), ex Vicepresidente 1º del Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable, ex titular de la Unidad Ejecutora del Canal Magdalena, ex Presidente de la Delegación Argentina ante la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP), ex vicegobernador y ex intendente de Concordia, analiza los actos administrativos del gobierno de Javier Milei relacionados con la gestión de la principal vía fluvial del país. El documento, que se presenta como la primera parte de una serie de análisis, expone cómo las recientes decisiones del Ejecutivo afectan la autonomía nacional y los intereses de las provincias ribereñas.

En la foto: Las imágenes de esta nota corresponden al puerto de Montevideo, República Oriental del Uruguay
Normas privatizadoras y el despojo del control estatal
Orduna señala que desde la asunción de Milei, el gobierno ha implementado una serie de decretos y resoluciones que, en su opinión, entregan la administración de la Vía Navegable Troncal (que incluye los ríos Paraná y de la Plata) a empresas privadas, despojando al Estado de su rol en tareas fundamentales como el dragado, señalización y control. Esta situación, según el ingeniero, constituye un «nuevo marco jurídico privatizador neocolonial» que debilita la soberanía nacional en la gestión de un recurso estratégico.
En esta primera parte que presentamos del informe se menciona, entre otras normativas, el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23, que establece al dragado y balizamiento como un «servicio esencial», limitando la capacidad de los trabajadores de estos sectores para reclamar mejores condiciones laborales. Según Orduna, esta medida busca minimizar las posibles protestas y garantizar un servicio mínimo obligatorio del 75%, lo que, en su opinión, afecta los derechos laborales.
Por otro lado, uno de los puntos más controvertidos del informe es la crítica a la decisión del gobierno de prestar acuerdo al proyecto uruguayo de profundización y extensión del Canal de Acceso al Puerto de Montevideo a una profundidad de 14 metros, sin haber exigido previamente estudios completos que incluyan evaluaciones de impacto ambiental y relevamientos hidrosedimentológicos, entre otros.
Orduna recuerda que la administración anterior, bajo Mauricio Macri, aprobó una profundización similar, pero las advertencias de organismos argentinos como la Prefectura Naval y el Servicio de Hidrografía Naval fueron ignoradas. Ahora, el gobierno de Milei repite ese error, sin haber aprovechado la oportunidad de participar en igualdad de condiciones en las obras, como lo prevé el Tratado del Río de la Plata.
Consecuencias para Argentina: ¿puerto subordinado?
El informe advierte que la profundización del canal uruguayo condiciona el futuro del Canal Punta Indio, vital para la navegación argentina, y señala que sin un puerto fluvial argentino con una profundidad de 14,3 metros, el país corre el riesgo de convertirse en un «puerto alimentador» de terminales fuera de su jurisdicción, perdiendo autonomía y competitividad en el comercio internacional.
Orduna subraya que, aunque el gobierno nacional se ha pronunciado a favor de la libertad de comercio, en la práctica está tomando decisiones que perjudican al comercio argentino, favoreciendo a puertos extranjeros como el de Montevideo.
Un análisis cronológico de las decisiones del gobierno
El informe de Orduna promete desglosar en futuras entregas cada uno de los actos administrativos que, en su opinión, comprometen la soberanía nacional y los intereses de las provincias ribereñas. Entre estos, se encuentran:
La Nota DACARP Nº 809/2024, que permite la extensión del canal uruguayo.
La Resolución AGP 43/2024, que pretende aumentar la tarifa de peaje en sesenta por ciento EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES.
Otros decretos y disposiciones que, según Orduna, consolidan un marco jurídico que privilegia intereses privados sobre los nacionales.

PRIMERA PARTE DEL INFORME:
«AFECTACIÓN DE LA AUTONOMÍA NACIONAL Y EXPULSIÓN DE LAS PROVINCIAS RIBEREÑAS EN LA VÍA NAVEGABLE TRONCAL DE LOS RÍOS PARANÁ Y DE LA PLATA. ANÁLISIS DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO DEL PRESIDENTE MILEI AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (DNU 70/23, Nota DACARP Nº 809/2024 a la CARP, RESOLUCIÓN AGP 43/2024, DNU 699/2024, DECRETO PEN 709/2024, DISPOSICIÓN SSPYVN 20/2024 Y RESOLUCIÓN SECTRANSP 28/2024).



