Inmobiliario 2026: el gobierno fijo un “tope del 30%” que no se refleja en los montos finales y deja aumentos muy por encima de lo anunciado

El Gobierno de Entre Ríos comunicó que el Impuesto Inmobiliario Urbano 2026 no aumentaría más del 30% respecto de 2025. El decreto, con fecha 13 de febrero de 2026, que actualiza valuaciones y escalas efectivamente establece topes en sus artículos 4°, 5°, 6° y 7°. Sin embargo, el límite no se aplica sobre el total final de la boleta sino sobre el impuesto básico, una distinción técnica que en la práctica está generando aumentos muy superiores a lo anunciado.

En Concordia, contadores que analizaron partidas sin mejoras ni ampliaciones detectaron incrementos finales que van del 43% al 56%, y en al menos cuatro casos, saltos de entre el 83% y el 130%.

Qué dicen los artículos 4° a 7°

El decreto aplicado por la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) fija que el aumento del impuesto básico no puede superar el 30% respecto del impuesto básico determinado en 2025 (con límites del 15% o 10% en los tramos más altos).

Pero el propio texto habla explícitamente de “impuesto básico determinado”, no del importe total a pagar.

Esa diferencia es central.

El total de la boleta incluye otros conceptos que no están alcanzados por el tope. Entre ellos, un adicional que representa aproximadamente un 30% del impuesto y que se destina —según la normativa— a fines específicos como infraestructura educativa, el denominado fondo de mantenimiento edilicio.

Un empleado administrativo de ATER explicó a este medio que ese adicional “no está contemplado en ese tope que habla ahí”. Es decir, el límite del 30% opera sobre el básico, pero no sobre ese recargo ni sobre otros componentes que integran la liquidación final.

El impacto real en la boleta

En los casos analizados por profesionales los avalúos fiscales aumentaron entre 27% y 35%. El impuesto básico subió entre 33% y 45%. El coeficiente de ajuste se mantuvo igual que en 2025. Sin embargo, el monto final se disparó mucho más.

Según el análisis, influyeron tres factores principales: Disminución del “beneficio por aplicación de tope”, que en 2025 amortiguaba con mayor fuerza el impacto. Incremento significativo del fondo de mantenimiento edilicio, que no está limitado por el tope. Pérdida de descuentos, como el de boleta digital vigente el año pasado.

A esto se suma que no todos los contribuyentes acceden al descuento por Buen Pagador (15%) ni al de Pago Anual (10%): “Si el año pasado pagaste un día tarde una cuota, ya perdés el beneficio por buen pagador”, explicó el trabajador de ATER. Esos descuentos tampoco forman parte del cálculo del tope.

La distancia entre el anuncio y la ventanilla para pagar

“Es bastante complejo tratar de explicarle a la gente, sobre todo cuando ven un flyer que dice que el aumento no es más del 30%, y después tener que explicar técnicamente esto en la oficina. No sabés lo difícil que es”, admitió el empleado.

Desde el punto de vista formal, el decreto podría estar cumpliéndose: el impuesto básico no superaría el 30% respecto del básico 2025. Pero desde el punto de vista del contribuyente, lo que importa es el total que figura en la boleta. Y ese total, en muchos casos, está muy por encima del porcentaje anunciado.

Reclamos y advertencias

El decreto prevé la posibilidad de presentar reclamos administrativos ante ATER si se considera que la liquidación no respeta lo dispuesto.

En ese contexto, un contador de la ciudad apuntó directamente contra el organismo recaudador. Señaló que ATER sumó asesores provenientes de la Ciudad de Buenos Aires que, según describió, “están por encima de los funcionarios de carrera, que son los que realmente conocen el funcionamiento interno”. De acuerdo con esa versión, varios de esos jóvenes asesores cumplen un esquema de horas como la capital porteña—“de martes a jueves, desde las 11 de la mañana”— lo que, afirma, repercute en la atención diaria. “En ATER Paraná muchas veces no hay quien responda los problemas concretos de los contribuyentes”, sostuvo.

En paralelo, comenzó a circular en Concordia un mensaje de WhatsApp que incita a no pagar el impuesto provincial. Los contadores advirtieron que promover el incumplimiento puede constituir un delito contra la administración fiscal y ser investigado.

Se trata de un debate que recién parece empezar en una realidad donde la actividad se desacelera, el consumo sigue en picada y los ingresos no acompañan el ritmo inflacionario.