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Nota escrita por: Federico Odorisio
martes 29 de agosto de 2023
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La justicia entrerriana en contra de una Ley Nacional: ordenó el desalojo de 721 familias en el barrio Pampa Soler de Concordia

La semana pasada, el juez de primera instancia en lo Civil y Comercial del juzgado número 2, Dr. Gabriel Belén, dictó una orden de desalojo para el barrio popular Pampa Soler. La resolución fue motivada por un fallo de la Cámara de Apelaciones -dando lugar al planteo del abogado Enrique Oscar Bacigaluppe- que le ordenaba retractarse en la suspensión del desalojo que él mismo había ordenado en la causa, teniendo en cuenta que había una ley de orden público vigente -la N.º 27453- que impide desalojos y regula la situación de los barrios populares y que Belén había OMITIDO usar como fundamento al momento de dictar la sentencia del caso. Ahora, el mismo juez Belén, el pasado 24 de agosto, en lugar de dictar una nueva sentencia confirmando su fallo en contra del desalojo pero esta vez sí apelando como fundamento a la ley nacional vigente, lo que hizo fue revertir su fallo también sin fundamentos legales.

La justicia entrerriana está desconociendo la Ley  27.453 que regula la situación de los más de 5.600 barrios populares de la Argentina, y promueve la integración socio urbana, entendiendo ésta como el “conjunto de acciones orientadas a la mejora y ampliación del equipamiento social y de la infraestructura, el acceso a los servicios, el tratamiento de los espacios libres y públicos, la eliminación de barreras urbanas, la mejora en la accesibilidad y conectividad, el saneamiento y mitigación ambiental, el fortalecimiento de las actividades económicas familiares, el redimensionamiento parcelario, la seguridad en la tenencia y la regularización dominial”. 

Asimismo, la ley sostiene que la totalidad de los inmuebles en los que se asientan los barrios populares -registrados en el RENABAP, Registro Nacional de Barrios Populares- son declarados de utilidad pública y sujetos a expropiación, y que en ellos quedan suspendidos los desalojos por un plazo de 10 años, a partir del 29 de octubre de 2022.
Cabe aclarar que la norma fue votada por unanimidad -es decir, por todos los sectores políticos con representación en el Congreso- en el año 2018, y actualizada y convalidada en el año 2022.

El barrio Pampa Soler se encuentra incluido dentro del Registro Nacional de Barrios Populares, y por ende las más de 700 familias que allí habitan están protegidas por la Ley 27.453.  Esta información es pública y de fácil verificación a través de la web oficial https://www.argentina.gob.ar/desarrollosocial/renabap/mapa.  A su vez, esta información fue incorporada por la Secretaría de Integración Socio Urbana mediante un escrito agregando el expediente en cuestión, expresando claramente que el barrio “Pampa Soler forma parte del REGISTRO NACIONAL DE BARRIOS POPULARES EN PROCESO DE INTEGRACIÓN URBANA (ReNaBaP) bajo el ID N° 3142, oficializado por Decretos 358/2017, 789/19 y 880/21 y amparado por la Ley Nacional N°  7.453 y la Ley N°27.694″.


Pese a que la información es accesible y pública, y aún más, que fue incorporada en el expediente, los magistrados la desconocieron haciendo lugar al pedido de desalojo realizado por el Dr. Bacigaluppe

Estas leyes, que pueden ser desconocidas o no gustarle al Dr. Bacigaluppe (que ha manifestado en sus piezas procesales «que nadie se hace cargo de nada», entre otras frases peyorativas), pero no pueden ser desconocidas por los jueces.

A partir de esto, es importante mencionar que el plazo de suspensión de los desalojos no es un capricho legislativo sino que conlleva una justificación simple: los inmuebles que componen los barrios del RENABAP están sujetos a expropiación por el Estado Nacional por los próximos diez años con el fin de trasladar su titularidad a sus actuales habitantes. 

¿Qué solución habitacional garantizan las personas que dictan este fallo a quienes viven en la irregularidad habitacional del barrio Pampa Soler? 

Es muy posible que el juez Belén desconozca la situación socio ambiental de los vecinos del barrio «Pampa Soler», una comunidad compuesta por 721 familias y más de 2300 personas, que enfrenta desafíos alarmantes en cuanto a vivienda y servicios básicos. Familias, algunas de las cuales han ocupado sus hogares por más de una década, que luchan por acceder a condiciones de vida dignas. Que carecen de servicios esenciales como agua potable, suministro eléctrico y cloacas, viviendo en estructuras precarias hechas de tablas de madera. En su mayoría, familias monoparentales -en gran parte lideradas por mujeres- que enfrentan dificultades económicas, con un alto porcentaje de desempleo y trabajos informales, estando estos relacionados al rubro del trabajo estacional de agricultura (cosecha), madera – forestación, vendedores de productos manufacturados (comida, panadería), limpieza, pesca, vendedor ambulante, poda, “changas”, aserraderos, herrería, huerta en domicilio, albañilería, venta de ropa independiente, entre tantas otras estrategias de supervivencia.

Los problemas de salud, desde discapacidades hasta afecciones mentales, se ven exacerbados por la falta de acceso a servicios médicos adecuados.  

Belén es el mismo juez que en febrero de 2022, resolvió el desalojo violento de 14 familias en el barrio Lavardén, dándole al abogado Mariano Giampaolo (exconcejal pejotista y funcionario de Gustavo Bordet en el IOSPER) la facultad para intervenir en los “diligenciamientos”. 

(https://archivo.diariojunio.com.ar/el-desalojo-violento-ordenado-por-juez-belen-asi-era-mi-casita-dijo-fatima/)

El 6 de julio pasado, DIARIOJUNIO, había informado que el principal problema con el que se habían encontrado funcionarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Nación era que en Concordia había jueces del fuero Civil que dictaron sentencias -al menos 4 fallos- en contra de esta ley votada en el Congreso Nacional con acuerdo de las mayorías. A simple vista y a la luz de los hechos, lo estarían haciendo en claro desconocimiento del derecho, en el mejor de los casos. En el peor de los escenarios sería por oposición ideológica a la Ley o cierta complicidad con algunos abogados y particulares, con posibles pretensiones de hacerse de los terrenos para cobrar jugosas indemnizaciones de parte del Estado o buscando el desalojo para llevar a cabo algún negocio inmobiliario, aprovechándose de la desinformación de los vecinos que viven desde hace años en esos barrios vulnerables.

El Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (RENABAP) tiene relevados 56 barrios populares en Concordia, de un total de 5.687 que existen en el país. Hace varios años se realizó el censo en la ciudad, los cuales fueron incluidos en el mencionado registro. Desde ese tiempo, el personal de la Secretaría de Integración Socio Urbana de la Nación viene recorriendo los barrios, informando a los vecinos sobre los alcances de la ley y otorgando los certificados de vivienda para que puedan solicitar los servicios. A dicha tarea se suma el personal del programa “Acceso a la Justicia” del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, quienes a la vez que informan a los vecinos y vecinas sobre sus derechos, “alertando sobre vivos y oportunistas”, realizan presentaciones en distintas causas, contestando intimaciones de desalojo de terrenos que hace años son habitados por familias vulnerables, a la vez que intervienen en cuestiones penales cuando se intenta por vía de la denuncia de usurpación sacar a vecinos que habitan en barrios protegidos por la Ley. Esta tarea se realiza en algunos casos en articulación con el municipio para evaluar las distintas situaciones ya que este viene presentándose en algunas causas con el acompañamiento de la Secretaría de Integración Socio Urbana. 

Ante fallos de tamaña indolencia social, nuevamente los únicos damnificados son los vecinos y vecinas, quienes por un lado, son víctimas de promesas incumplidas por años respecto de sus viviendas, mientras que del otro lado, se convierten en  víctimas de especuladores que sólo quieren el beneficio propio y desarrollar sus negocios inmobiliarios. 

Nos encontramos en un caso donde hay leyes que no se están cumpliendo, y que protegen en este caso al pueblo humilde y trabajador. Le guste o no le guste al negocio inmobiliario, son leyes que deben ser respetadas porque son fundamentales para que miles de vecinas y vecinos vivan en mejores condiciones ya que sin la integración de los barrios populares una Argentina más igualitaria es imposible.

 

  • Una pena que haya tantas personas viviendo en esas condiciones…» La culpa no es del chancho sino de quien les da de comer».dice el dicho..perpetuar la pobreza durante tantos años es un negocio para los gobernantes, para mantener sus votos ..ahora les molestan..ocupence de dar trabajo digno a la gente, para que puedan acceder a viviendas y calidad de vida dignas .

  • Si los dueños reclaman sus terrenos, hay que aplicar la ley.
    Desde adentro de la misma municipalidad, muchas veces, les dicen que vayan y se instalen sabiendo que lo único que hacen es generarles más problemas a esa gente que no tiene viviendas. Si expropiaran esos terrenos como corresponde y luego repartieran -también como corresponde- terrenos a gente anotada y censada, quizás no ocurrirían estas situaciones.

    • Comparto su opinión Sra Marta.. con mis hermanas heredamos 4 lotes en ese mismo lugar tenemos plano y documento q acredita dicha titularidad .. las personas responsables de lavaron las manos.. imposible ir y querer recuperar sin una orden de desalojo.. ojalá esto sea una puerta para poder recuperar lo nuestro.. saludos

  • Afuera! Basta de vivir gratis y de arriba

  • un intendente que después fue gobernador baso su política partidaria en la usurpación de terrenos en concordia, de esto, muchos hemos sido perjudicados. por todo lo expuesto en el articulo periodístico la gente vota a my-ley, no hay justicia, tampoco justicia social, y etcs.

  • Que de caguen!!!!! están usurpando ? AFUERA. TU DERECHO TERMINA DONDE EMPIEZA EL MIO.

    Que se jodan!!!!! están usurpando ? AFUERA. Tú DERECHO TERMINA DONDE EMPIEZA EL MIO.

    • No puede ser una ley q proteja a un usurpador. Si el terreno tiene dueno y este reclama debe devolverse. Para el estado es mas fácil decir q usurpen q realmente tener una política de viviendas. El privado termina pagando las males gestiones de los politicos

  • DIEGO MARTIN

    ESOS JUECES SON UNA VERGUENZA, MUCHOS ABOGADOS DE ESTA CIUDAD SON UNAS AVES DE RAPIÑA, Y LOS DEFENSORES DE LA JUSTICIA SOCIAL DONDE ESTÁN? ES ESCANDALOSO TAMBIÉN EL SILENCIO DEL MUNICIPIO Y DE TODOS LOS CANDIDATOS A INTENDENTES. NO VAN A DECIR NADA? NO VAN A HACER NADA? QUÉ PIENSAN HACER CON TODA ESA POBRE GENTE?

  • Quienes son los propietarios de dichos inmuebles?

  • Es un triste y carente barrio como tantos en esta sucia ciudad de concordia, entonces…¿dónde radica la diferencia en sacar tódas estás pobres familias habiendo tantas tierras ocupadas y por todos lados??? … ¡¡¡ Boommm turístico !!! Termas, Barrios privados, ¡AEROPUERTOOOO!!! PARA LOS FUTUROS NEGOCIOS ESTAN EN MEDIO DEL CAMINO Y NADIE LOS QUIERE AHÍ,…. Pues entonces hay que hacerlos volar antes que sigan ocupando tierras hacie el norte….Hay leyes que nadie respeta, porque se las pasan por el tuje, pero hoy aquí cobran sentido y urge valor que hagan que alguien las aplique. ¡Total es gente pobre!!! ¿Quien se ocupará de ellos..¿el estado que hoy los corre con sus leyes ???? ¡PERO TENGAN CUIDADO DENTRO DE POCO HAY ELECCIONES GENERALES!!!

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