El Gobierno Nacional ha anunciado la creación de la nueva Red Federal de Concesiones, un proyecto que busca concesionar aproximadamente 9.000 kilómetros de rutas nacionales bajo un sistema de peaje directo en cabinas ubicadas en la ruta. Este esquema de concesión tiene como objetivo la operación y mantenimiento básico de los corredores, sin incluir obras de ampliación, tales como la transformación de rutas en autopistas o la construcción de nuevas multitrochas.
La medida forma parte de un proceso de licitación que se realizará en dos etapas: la primera abarcará el Tramo Oriental (RN 12 y RN 14), la Conexión Puente Rosario-Victoria y la RN 174, cuyo llamado a licitación está programado para diciembre de 2024, con adjudicación en abril de 2025. La segunda etapa, prevista para licitarse en febrero de 2025 y adjudicarse en julio del mismo año, incluirá tramos de rutas nacionales actualmente administradas por la empresa Corredores Viales S.A., entidad que podría disolverse en el marco de esta reorganización.
Además, el esquema contempla un ajuste mensual en las tarifas actuales hasta que los nuevos concesionarios asuman el control, momento en el cual se proyecta un incremento de hasta el 200 % en las tarifas, seguido de ajustes trimestrales. Estas tarifas definitivas y los plazos de concesión estarán sujetos a las propuestas presentadas por las empresas interesadas, que solo asumirán compromisos de mantenimiento básico, como el corte de pasto y señalización, sin estar obligadas a realizar nuevas obras en la infraestructura vial.
Este modelo ha sido fuertemente criticado por el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) y la Asociación de Propietarios (AP), quienes consideran esta política de concesiones como «inviable, antieconómica, ilegal e inconstitucional». Argumentan que el sistema de peaje directo en cabinas, instaurado en la década de los 90, no solo es ineficaz, sino también perjudicial para los usuarios viales y para la sociedad en general. Según estas organizaciones, el esquema vigente beneficia exclusivamente a los concesionarios, quienes obtienen ganancias significativas sin asumir riesgos ni realizar inversiones considerables, lo que, en sus palabras, constituye «una afrenta a los usuarios viales».
CONADUV y AP sostienen que este tipo de concesión va en contra de los artículos 10, 11 y 14 de la Constitución Nacional, y critican que gran parte de los fondos recaudados se destinan a mantener las estaciones de cobro, sin mejoras en las rutas. También se oponen a la posible «provincialización» de rutas nacionales, medida propuesta por algunos gobernadores con el fin de aplicar peajes en caminos provinciales, argumentando que esto solo agravaría el costo para los usuarios.
Por último, ambas entidades exigen la realización de un estudio que analice el impacto económico y social de mantener las rutas sin peajes y plantean la necesidad de implementar un «Proyecto Vial Nacional» que garantice la transitabilidad sin barreras y el libre acceso a la red vial. Exhortan, además, a que se destinen efectivamente los fondos recaudados a través del impuesto a los combustibles para el mantenimiento de los caminos, en línea con el espíritu de la ley 11.658/32. Como parte de sus demandas, proponen convocar a una audiencia pública que permita a usuarios, autoridades y legisladores debatir sobre la política vial, y sugieren retomar la gestión estatal de las rutas a través de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), fortaleciendo su rol como ente rector de las políticas de transporte.
