Según pudo reconstruir DIARIOJUNIO a partir de fuentes, audios y mensajes de WhatsApp internos, el incidente involucraría nuevamente el uso de policloruro de aluminio, el mismo compuesto que ya había sido protagonista de un episodio similar a finales de febrero de 2024.
De acuerdo a la información recabada, el derrame más reciente se habría producido en la mañana de este domingo durante una guardia bajo la órbita de la División de Guardias Rotativas, a cargo de María del Carmen Bortagaray. En los audios, que registrarían el intercambio entre esta funcionaria y un trabajador del área, se mencionaría como responsable directo a un trabajador de apellido Yoya, un empleado monotributista proveniente de la Dirección de Tránsito que habría sido incorporado a la planta hace apenas unos meses y que, en un breve lapso, habría sido promovido a funciones de conducción.
Esta designación se habría dado en reemplazo de Diego Albornoz, quien habría sido desplazado de la guardia y actualmente cumpliría funciones administrativas como segundo de Bortagaray, en horario diurno de lunes a viernes. Este reordenamiento interno, según coincidieron fuentes consultadas, habría dejado un área sensible bajo responsabilidad de personal con escasa experiencia.
El episodio no sería nuevo. El 29 de febrero de 2024, la misma planta —ubicada en el parque San Carlos— sufrió un derrame de policloruro de aluminio debido a que un operario olvidó apagar una bomba dosificadora. En aquella oportunidad, al igual que ahora, la situación no fue informada a la comunidad y sólo trascendió a partir de la denuncia de DIARIOJUNIO.
Del material al que accedió este medio se desprendería la aparente intención de evitar que el episodio trascienda públicamente. En uno de los intercambios se puede apreciar con claridad la indicación de “borrar todos los mensajes y que esto quede acá”, en paralelo a la preocupación explícita por que la situación no llegue “a toda la población como ocurrió la otra vez”. La directiva no solo dejaría en evidencia que habría conciencia sobre la magnitud del incidente, sino que desnudaría un posible ocultamiento deliberado de la información, priorizando “salvar cabezas” por sobre el deber de informar a la ciudadanía.
El policloruro de aluminio es un insumo habitual en el proceso de potabilización, utilizado como floculante para separar impurezas del agua. Sin embargo, en concentraciones elevadas puede implicar riesgos para la salud humana y animal, afectando principalmente el sistema renal y neurológico. También puede generar daños en la infraestructura, como cañerías, y dejar residuos persistentes.
Aquel primer derrame, según se informó entonces, no sólo implicó un potencial riesgo sanitario sino también una pérdida económica estimada en 7 millones de pesos para el ente descentralizado. Pese a la gravedad, ni la conducción del EDOS ni el sindicato hicieron pública la situación, optando por el silencio incluso ante consultas formales. Sólo cuando trascendió, las autoridades del EDOS con su interventor Javier del Cerro a la cabeza brindaron una conferencia de prensa para dar explicaciones públicas ante la prensa.
En aquella ocasión, para justificar el ocultamiento doloso, se buscaron chivos expiatorios apuntando a un supuesto conflicto gremial con los trabajadores de Obras Sanitarias, y a una “prensa irresponsable” que informó lo sucedido, y terminaron comparando los niveles de pH en el agua contaminada con los de bebidas energizantes o gaseosas.
En esta oportunidad, este medio se dirigió a la prensa del organismo que respondió que las autoridades del EDOS no recibieron ninguna información sobre anomalías en la planta potabilizadora.