Desde el gremio que conduce Armando Cavalieri, con fuerte peso en Capital Federal y el conurbano bonaerense, se declaró el «estado de alerta» y se resolvió realizar asambleas en los lugares de trabajo para informar a los trabajadores y preparar posibles medidas de fuerza. «El Gobierno está interviniendo en paritarias libres», advirtió el gremio en un comunicado, donde también recordó que el acuerdo firmado incluye una cláusula que lo mantiene vigente incluso si la homologación se demora. En concreto, el artículo décimo prevé que los empleadores abonen los aumentos como “pago a cuenta” hasta que el acuerdo se homologue formalmente.

En Concordia, donde el sector comercial representa una fuente clave de empleo en el ámbito privado, la noticia fue recibida con inquietud por cientos de trabajadoras y trabajadores que esperaban una mejora salarial tras meses de deterioro del poder adquisitivo.

Según los términos del acuerdo original, el salario básico con presentismo debía alcanzar los $1.123.000 a partir de julio, una cifra que para muchos trabajadores del comercio en Concordia representaba la posibilidad de empezar a recuperar parte de lo perdido frente a la inflación. La suspensión del acuerdo, en cambio, prolonga una situación crítica: con sueldos rezagados, muchos empleados del sector apenas logran cubrir los gastos esenciales.

En una ciudad como Concordia, donde el costo de vida crece al ritmo de los aumentos en alimentos, transporte y servicios, la pérdida real del salario repercute directamente en la calidad de vida y en la capacidad de sostener el consumo básico:  «No es lo mismo frenar un aumento en Capital que acá, donde ya estamos muy por debajo de la línea de ingresos de otras regiones», opinó un delegado sindical de una importante cadena de supermercados que pidió reserva de su nombre.

El Gobierno insiste en que aún «se está analizando» el convenio, pero fuentes oficiales dejaron entrever que no convalidarán ningún aumento que supere el índice mensual de inflación, por considerar que pone en riesgo la política de estabilización del ministro de Economía, Luis Caputo.

Desde el sector sindical, en cambio, sostienen que la decisión de frenar la homologación responde a una estrategia de ajuste que recae sobre los trabajadores y vulnera la negociación colectiva.