La Municipalidad de Estancia Grande quedó bajo la lupa tras una denuncia presentada ante la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos por el exintendente Daniel Esteban Lladós, quien, con el patrocinio letrado del abogado Matías E. J. Lladós, acusó al municipio de implementar un esquema salarial que —según sostiene— afecta la recaudación previsional y perjudica la sustentabilidad del sistema.
La presentación fue realizada el 18 de mayo de 2026 ante el Directorio de la Caja y solicita que el organismo active sus facultades de fiscalización, auditoría y determinación de deuda sobre la Municipalidad de Estancia Grande.
Lladós aclaró en su escrito que la denuncia tiene carácter autónomo e independiente del recurso jerárquico que ya presentó ante el gobernador de Entre Ríos, por lo que pidió que tramite por un expediente separado y no sea acumulada ni paralizada por esa vía administrativa.
El eje de la denuncia está puesto en la Ordenanza Municipal Nº 332/24, mediante la cual el Concejo Deliberante de Estancia Grande creó el concepto denominado «Asignación por Representación Jerárquica».
Según el planteo del exintendente, aunque la norma estableció que el adicional tiene carácter «no remunerativo y no permanente», los propios fundamentos de la ordenanza reconocen que se trata de un concepto vinculado a la función, de percepción habitual y relacionado con el ejercicio del cargo. Para Lladós, esa contradicción evidencia una maniobra destinada a excluir sumas millonarias de la base sobre la que se calculan los aportes jubilatorios.
Un adicional superior a los $5 millones
Como prueba documental, el denunciante incorporó una planilla oficial de haberes del intendente Pablo Javier Goldín, obtenida mediante un pedido formal de acceso a la información pública, correspondiente al período comprendido entre octubre de 2025 y marzo de 2026.
Según la denuncia, tomando como referencia la liquidación de febrero de 2026, el ingreso bruto del jefe comunal estaba compuesto por:
– Sueldo básico más antigüedad: $1.999.018,60.
– Adicional Ordenanza Nº 332/24: $5.031.488.
– Total bruto: $7.031.506,60.
De acuerdo con el planteo presentado ante la Caja, el adicional representa aproximadamente el 71,5% del ingreso total del intendente.
Lladós sostiene que los descuentos previsionales y de obra social se calculan únicamente sobre el sueldo básico más antigüedad, mientras que el adicional superior a los cinco millones de pesos quedaría excluido de los aportes a la Caja de Jubilaciones.
«Sobre los más de 5 millones de pesos que el Intendente percibe de forma habitual y permanente, el aporte previsional es de cero pesos», afirma la presentación.
El denunciante agrega que esa situación no solo impactaría sobre la recaudación del organismo previsional, sino también sobre su propio haber jubilatorio, al sostener que percibe una prestación calculada sobre una porción reducida del salario del funcionario en actividad y no sobre la totalidad de los ingresos que, según entiende, deberían integrar la base de cálculo.
Reclamo por el impacto previsional
En el escrito, el exjefe comunal sostiene que la situación afecta la sustentabilidad del sistema previsional y también impacta sobre los beneficiarios, al considerar que los haberes jubilatorios se calculan sobre una base salarial que no reflejaría la totalidad de los ingresos percibidos por los funcionarios activos.
Lladós argumenta que debe aplicarse el principio de primacía de la realidad, por el cual un concepto abonado de manera habitual no dejaría de ser remunerativo por la denominación que le otorgue una norma municipal. En ese sentido, sostiene que la Ordenanza Nº 332/24 resulta inconstitucional e inaplicable para determinar los aportes previsionales.
Además, advierte que, si este mecanismo fuera convalidado por la Caja, cualquier municipio podría reducir la base de aportes mediante la creación de adicionales formalmente no remunerativos, afectando los recursos del sistema solidario previsional y profundizando el déficit que hoy el Gobierno provincial atribuye a la Caja de Jubilaciones.
Pedido de auditoría y advertencia penal
Por ese motivo, solicitó que la Caja de Jubilaciones inicie una auditoría de oficio, inspeccione las liquidaciones salariales de la Municipalidad de Estancia Grande y determine una eventual deuda por aportes y contribuciones no ingresados.
También dejó planteado un apercibimiento: si el organismo previsional no interviene en un plazo de diez días hábiles, anticipó que avanzará con una denuncia penal contra funcionarios municipales y contra las autoridades de la Caja que, eventualmente, pudieran omitir actuar frente a la situación denunciada.
La advertencia alcanza al intendente Pablo Javier Goldín y a integrantes del Directorio de la Caja, a quienes Lladós atribuye una eventual responsabilidad si, conociendo la denuncia, no se adoptan medidas.
La presentación se suma al conflicto administrativo que el exintendente mantiene con la actual gestión municipal, aunque aclaró que esta denuncia previsional constituye una vía independiente del recurso jerárquico que tramita ante el Gobierno provincial y que su objetivo exclusivo es que la Caja ejerza sus facultades de control sobre los aportes previsionales del municipio.