La reciente reforma previsional impulsada por el Gobierno de Rogelio Frigerio se apoyó en el déficit de la Caja de Jubilaciones como principal argumento para modificar el sistema. Sin embargo, una denuncia presentada contra la Municipalidad de Estancia Grande sostiene que parte de ese desequilibrio también responde a la falta de control sobre los aportes previsionales de los propios funcionarios públicos. El exintendente de esa localidad, Daniel Lladós, denunció que el actual presidente municipal, Pablo Goldín, percibe un adicional por "representación jerárquica" superior a los $5 millones mensuales que, según afirma, representa más del 70% de su remuneración y no integra la base sobre la que se realizan los aportes jubilatorios. Por ese motivo pidió una auditoría de oficio de la Caja y la determinación de una eventual deuda previsional del municipio. La presentación no solo cuestiona la legalidad del esquema salarial aplicado en Estancia Grande, sino que también pone en discusión la eficacia de los controles del Estado sobre los aportes al sistema previsional en momentos en que el déficit de la Caja domina la agenda política provincial.

La Convención Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) decidió este lunes suspender la afiliación partidaria de cuatro de los cinco diputados que el miércoles pasado acompañaron el veto presidencial de Javier Milei a la Ley de Movilidad Jubilatoria, mientras dure la investigación que hará el Comité de Ética del partido. Según registró DIARIOJUNIO, la medida alcanza a Mariano Campero, Martín Arjol, Pablo Cervi y Luis Picat. En tanto, hay un quinto cuestionado que es José Federico Tournier, pero no está afiliado al partido pese a integrar el bloque de la UCR en la Cámara de Diputados.