La reciente reforma previsional impulsada por el Gobierno de Rogelio Frigerio se apoyó en el déficit de la Caja de Jubilaciones como principal argumento para modificar el sistema. Sin embargo, una denuncia presentada contra la Municipalidad de Estancia Grande sostiene que parte de ese desequilibrio también responde a la falta de control sobre los aportes previsionales de los propios funcionarios públicos. El exintendente de esa localidad, Daniel Lladós, denunció que el actual presidente municipal, Pablo Goldín, percibe un adicional por "representación jerárquica" superior a los $5 millones mensuales que, según afirma, representa más del 70% de su remuneración y no integra la base sobre la que se realizan los aportes jubilatorios. Por ese motivo pidió una auditoría de oficio de la Caja y la determinación de una eventual deuda previsional del municipio. La presentación no solo cuestiona la legalidad del esquema salarial aplicado en Estancia Grande, sino que también pone en discusión la eficacia de los controles del Estado sobre los aportes al sistema previsional en momentos en que el déficit de la Caja domina la agenda política provincial.