El abogado Eduardo Asueta es un caso paradigmático del funcionario público que provoca el rechazo del ciudadano común hacia la política y los políticos. Personajes que se han especializado en atender de los dos lados del mostrador, "pastando" en los alfalfares del presupuesto público y, simultáneamente, en las verdes praderas de los intereses privados. Funcionarios que han cobrado siempre sueldazos, viáticos, y "mellevos" varios, pagados por todos nosotros para que defiendan nuestros intereses comunes pero que, sin embargo, se han especializado en entregarnos atados de pies y manos a los especuladores y ventajeros que ganan dinero haciendo negocios a costa del interés general.

Se llevó a cabo este martes la audiencia de participación ciudadana en Ibicuy, en la que se dio a conocer el informe final del Estudio de Impacto Ambiental Ampliado (EIAA) por la extracción de arenas silíceas, solicitado en el marco del expediente “Fundación Cauce: Cultura Ambiental-Causa Ecologista y Otro c/Gobierno de la Provincia de Entre Ríos y Otros s/Acción de amparo (ambiental)” Expte Nº 10480”, interpuesta por la Fundación Cauce y Agmer contra el Gobierno de Entre Ríos, la Municipalidad de Ibicuy y la empresa YPF SA, por la extracción de arena silícea Islas del Ibicuy. En ese contexto, registró DIARIOJUNIO, los presentes reclamaron que “asuman un verdadero control sobre la cantidad de arenas silíceas que se extrae en la provincia”.

El Ministerio de Desarrollo Económico y la Policía de Entre Ríos trabajarán en conjunto para fiscalizar el transporte de carga minera en la provincia. El objetivo es lograr mayor transparencia, eficiencia y sostenibilidad en el uso de los recursos naturales. La Policía de Entre Ríos asistirá a la Dirección de Desarrollo Minero en las acciones de control e inspección y, en particular, al traslado de sustancias minerales en el territorio provincial, de acuerdo con la legislación vigente.

El próximo 20 de febrero se llevará adelante una Reunión de Participación Ciudadana en Ibicuy, donde se presentará un Estudio de Impacto Ambiental de las areneras silíceas en el sur entrerriano. Así lo dispuso la jueza María Valentina Ramírez Amable, en el marco del amparo ambiental interpuesto por la Fundación Cauce. La instancia se reprogramó para esta fecha, a fin de que interesados puedan evaluar el análisis sobre la explotación que realizan empresas mineras para extraer material que se usa en el método de fracking petrolero. En este sentido, el abogado Ricardo Luciano adelantó a ERA Verde que objetará el documento elaborado por la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). El letrado representa a la Cooperativa de Agua de Ibicuy y litiga en otro expediente donde se pretende saber las consecuencias en la salud que tiene el accionar de estas empresas por el uso de acuíferos subterráneos de los cuales también se provén a los vecinos. Sobre alguno de los cuestionamientos dijo que el Plan de Cese propuesto para la actividad minera proyecta “producción ganadera y aprovechamiento de los humedales antrópicos con acuicultura” y que se entiende como ecosistema natural “a las fosas que dejan las areneras luego de su paso depredador”. Al respecto dice que “llamar ‘humedal’ a las fosas que dejan las canteras es una falta de respeto hacia los habitantes de Entre Ríos”.