Hay circunstancias en las que conviene tomar un poco de distancia en el tiempo para reaccionar de manera tal que las emociones no dominen el raciocinio, y así tratar de calificar un mero hecho administrativo convertido en un acto de injusticia social de serias consecuencias. El intempestivo —pero fríamente calculado— cierre total de la F.M. Radio Ciudadana de Concordia, por parte de un Ejecutivo que firma la ordenanza, y un Concejo Delirante, que conspiró entre las sombras del ocultamiento a la oposición para evitar un debate ineludible en las prácticas de la democracia, constituye un acto propio de los gobiernos totalitarios.

Tras la denuncia judicial por presuntas calumnias e injurias, presentada este viernes por el presidente Javier Milei contra los periodista Carlos Pagni, Vivina Canosa y Ari Lijalad, el presidente de la Comisión de Comunicaciones e Informática de la Cámara baja, Pablo Carro, acompañado por la diputada entrerriana Carolina Gaillard entre otros pares, presentó un proyecto para “frenar el avance autoritario de Milei contra la libertad de prensa”. La iniciativa, registró DIARIOJUNIO, sostiene que el mandatario “usa al Estado como aparato de intimidación para silenciar críticas y blindar un plan de ajuste brutal”.