Tras la represión de la protesta de esta semana contra la Ley Bases en el Congreso, más de 30 personas fueron detenidas de manera arbitraria y luego acusadas por la fiscalía de delitos graves contra el orden democrático, en línea con las acusaciones por terrorismo y golpe de estado que había realizado el gobierno. En ese contexto, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentó la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) quien convocó al Estado argentino para el 11 de julio.