El expediente, iniciado en 2019 a partir de una denuncia del ingeniero y abogado Carlos Jaime Hartwig, tiene hoy citados a declaración indagatoria al empresario belga Pieter Jan de Nul —propietario de la empresa Jan de Nul— y a ex integrantes argentinos de la CARU: Jorge Diego Satto, Juan Enrique Ruiz Orrico y Mauro Héctor Vazzon. La acusación sostiene que las licitaciones del dragado se habrían ejecutado con sobreprecios que generaron un perjuicio estimado en más de 20 millones de dólares. Pero la CARU es un organismo binacional y ninguna licitación, adjudicación, rescisión de convenios ni aprobación de pagos puede concretarse sin el acuerdo de ambas delegaciones, lo que abre el interrogante si la delegación uruguaya del período 2015–2019 también participó de las licitaciones hoy sospechadas. Por otro lado, un oficio judicial enviado en mayo de 2025 a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) pone en duda las recientes declaraciones de la delegada uruguaya Cecilia Bottino, quien afirmó desconocer la causa.
Una denuncia técnica, documentada y presentada hace más de cinco años por el ingeniero, abogado y docente universitario Carlos Jaime Hartwig es el eje de la causa judicial que volvió a activarse en el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay y que hoy tiene citados a declaración indagatoria al propietario de la empresa belga Jan de Nul, Pieter Jan de Nul, y a ex integrantes argentinos de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) por un presunto desfalco superior a los 20 millones de dólares en el dragado del río Uruguay. Los dirigentes -que integraron el organismo binacional durante el gobierno de Mauricio Macri- actualmente ocupan cargos de relevancia en el gobierno provincial: Mauro Héctor Vazzon como presidente del Consejo de la Magistratura y Jorge Diego Satto como secretario de Turismo, ambos designados por el gobernador Rogelio Frigerio, y Juan Enrique Ruiz Orrico ex diputado provincial electo por el oficialismo en 2023 y ex presidente del Instituto Portuario Provincial de Entre Ríos (IPPER) hasta junio de 2024, momento en el que fue desplazado por el gobernador tras protagonizar un escandaloso siniestro vial en el que murieron cuatro personas. La causa incorporó como prueba un audio en el que Ruiz Orrico reconoció públicamente la cartelización de empresas dragadoras y calificó como “caro” un precio de 5 dólares por metro cúbico, pese a lo cual la CARU terminó aprobando una licitación a 6,25 dólares, sin que se efectuara denuncia judicial ni sanción administrativa alguna.
La causa judicial por el presunto sobreprecio de más de 20 millones de dólares en el dragado del río Uruguay volvió a activarse y pone nuevamente en el centro de la escena a directivos de la empresa Jan de Nul y a exfuncionarios de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU). Se trata de Juan Enrique Ruiz Orrico, el diputado imputado por la muerte de 4 personas en un accidente vial, y Mauro Vazzon y Jorge Satto, quienes hoy ocupan cargos de máxima relevancia institucional en la provincia. Todos estuvieron en la Delegación Argentina ante la CARU entre 2015 y 2019, gobierno de Mauricio Macri.
En el Juzgado del Trabajo N° 2 de Concordia, donde se dirimen derechos alimentarios y conflictos que tocan la fibra del mundo del trabajo, el gobierno provincial decidió ignorar los resultados del concurso, además del reclamo de los abogados laboralistas locales, y elegir como nuevo juez titular al Dr. Ricardo Agustín Larocca, un postulante con menor puntaje pero con "mejores relaciones" que la Dra. Iriel Munitz, actual subrogante del cargo y reconocida en el fuero por su "solvencia técnica y su compromiso". La decisión provocó la reacción de abogados laboralistas y del Colegio de la Abogacía de Concordia, que calificó la maniobra como un “fuerte mensaje de desaliento” hacia quienes confían en la meritocracia y los concursos públicos.
El Colegio de Abogados de la Sección Colón emitió una carta dirigida al gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, en la que expresan su preocupación y disconformidad por el manejo del reciente concurso para la designación de un nuevo Juez de Garantías en la ciudad de Colón. La misiva, fechada el 15 de agosto de 2024, señala que en el Concurso Público de Antecedentes y Oposición N° 254, la Dra. Natalia Lorena Céspedes, actual jueza del Juzgado de Colón, había obtenido el primer lugar por su mejor puntaje y antecedentes, quedando como la candidata natural para ocupar el cargo vacante. Sin embargo, el Colegio de Abogados se enteró de que Frigerio habría remitido a la Cámara de Senadores de la provincia el nombre del Dr. Jesús David Alexis Penayo Amaya, oriundo de Concordia, para su aprobación como nuevo juez en Colón, a pesar de que no fue el primer puntaje del concurso. Fuentes de tribunales adjudican este conflicto a un movimiento de piezas en la disyuntiva de darle lugar en el juzgado de Garantías de Concordia a una sobrina del juez federal de Concepción del Uruguay, Pablo Seró, por lo que Penayo Amaya fue seleccionado para Colón, desplazando a Céspedes en la terna.
La Cámara Federal de Paraná notificó al Consejo de la Magistratura sobre el accidente en el que estuvo involucrada una camioneta propiedad de la Corte Suprema de la Nación, la cual estaba asignada al juez Pablo Seró del Juzgado Federal Nº1 de Concepción del Uruguay. El hijo del juez protagonizó el incidente el pasado domingo 24 de marzo, chocando la camioneta contra un auto estacionado, una vivienda y un local comercial, presuntamente en estado de ebriedad y causando importantes daños materiales. De todas maneras, atento a la gravedad del hecho y del estado público que tomó el mismo, la Cámara no dispuso ninguna medida respecto de la camioneta, es más admitieron desconocer su paradero. Tampoco las fiscalías de Concepción del Uruguay iniciaron hasta el momento denuncia penal alguna por la probable comisión de varios delitos a partir del accidente. Entre bueyes no hay cornadas, dice el refrán.
En un fallo de la Cámara en lo Civil y Comercial Nº 9 de Paraná, el Dr. Ángel Luis Moia respaldó la demanda presentada por el fiscal de Concordia, José Arias, en un caso que detiene el proceso de selección de fiscales anticorrupción en la provincia. Esto afecta directamente los concursos 285, 286, 287 y 288, destinados a cubrir cargos clave en la fiscalía contra la corrupción.