En la sesión que se realizó este miércoles 12 en la Cámara de Diputados de la Provincia, se tomó juramento, asumió la banca y se puso a trabajar, la flamante diputada oriunda de Diamante, Silvina Soledad Deccó. Reemplaza a Stefanía Cora, quien e fue al Senado de la Nación a ocupar la banca que dejó el expulsado senador peronista-libertario, Edgardo Kueider, investigado en Paraguay y Argentina por presuntos hechos de corrupción. Juró por Dios, por la Patria y la memoria de su padre.

La Diputada Nacional por Entre Ríos, Carolina Gaillard, presentó un proyecto de ley para declarar nulo, de nulidad absoluta e insanable, el Decreto 780/24 de Javier Milei que restringe el acceso a la información pública. “Este retroceso normativo no solo obstaculiza la participación ciudadana, sino que también erosiona la confianza en las instituciones públicas, siendo percibido como un intento de limitar el control ciudadano sobre la gestión estatal".

La diputada provincial por Paraná, Stefania Cora (UP-PJ), ingresó un pedido de informes al Ejecutivo para conocer detalles sobre los cotos de caza habilitados por la Provincia, las especies autóctonas cuya matanza se autorizó y qué criterios se utilizan para permitir la caza.

El proyecto de Ley presentado por la Diputada provincial, Carola Laner, (JxC) se basa en un criterio de justicia más severo para las personas que vuelven a cometer delitos. Esto es, que los delincuentes con antecedentes y detenciones previas, esperen su proceso judicial privados de la libertad. Al respecto, informó Laner a DIARIOJUNIO, esta ley cambiaría el artículo 240 del Código Procesal Penal de Entre Ríos (ley 9754 y sus modificatorias) e incorporaría un nuevo artículo, el 354 bis, que considerará que existe reiterancia delictiva cuando el imputado posea dos o más causas penales previas en trámite, por delitos cuya pena sea de prisión, aún cuando en las mismas no se haya dictado condena en su contra. Además, incluye la modificación del artículo 349 de la misma Ley, relacionado a la sustitución de la prisión, que se refiere a la obligatoriedad del uso de tobillera electrónica y a los rigurosos controles que debe haber en el caso de prisión domiciliaria.