Mientras el Gobierno intentaba su privatización, integrantes del oficialismo aprovecharon las tasas preferenciales de la entidad pública. Desde el secretario de Finanzas hasta el jefe de los trolls libertarios.

La Justicia ordenó este miércoles la detención de José María “Chelo” Lima, de 61 años, luego de considerar que desobedeció medidas judiciales impuestas apenas 24 horas antes en el marco de la causa por amenazas contra el intendente Francisco Azcué y funcionarios. El operativo se concretó durante un allanamiento solicitado por la fiscal Macarena Mondragón y autorizado por la jueza de Garantías Gabriela Seró.

La medida rige en todo Entre Ríos y fue dispuesta a través de un decreto firmado a fines de noviembre por el gobernador Rogelio Frigerio, y publicado el 31 de diciembre en el Boletín Oficial. El aumento del 1% en el aporte a la obra social provincial alcanza a funcionarios y personal con cargos políticos y se presenta como un gesto “solidario”, en un contexto de cuestionamientos por el funcionamiento y el financiamiento de OSER.

A casi dos años del inicio del mandato, el Gobernador Rogelio Frigerio encabezó una reunión con sus funcionarios en el Mirador Tec, para repasar áreas de gestión, analizar obras en salud y vivienda, y avanzar en una agenda legislativa centrada en modernización normativa e inversión privada.

El Tribunal Superior de Justicia investiga posibles omisiones y negligencias de funcionarios judiciales que intervinieron antes del femicidio de Mariel Zamudio y Luna Giardina, ex pareja y ex suegra del uruguayo Pablo Laurta. La abogada querellante, Marina Romano, advirtió que “el sistema no protegió a Luna” y reclamó que se revisen todas las actuaciones, “sin importar el rango”.

Ante la grave situación económica marcada por la caída de recursos nacionales y provinciales, la intendenta de Victoria, Isa Castagnino, resolvió aplicar un recorte del 20 % en los sueldos de los funcionarios del Departamento Ejecutivo y una reducción del 20% en los contratos por prestación de servicios en todas las áreas municipales, sumado a una serie de medidas de ajuste que buscan preservar el equilibrio fiscal sin comprometer los servicios esenciales. Según registró DIARIOJUNIO, la medida fue oficializada mediante el Decreto N° 511/2025, y entrará en vigencia el 1° de agosto, con alcance hasta el 31 de diciembre de este año aunque con posibilidad de prórroga.

El Gobierno de Entre Ríos dispuso mediante Decreto 1391/25, publicado este miércoles, que desde el 1 de julio quedará suspendida toda actualización de haberes, salarios y cualquier otro concepto que integre la remuneración de los funcionarios y del personal fuera de escalafón del Sector Público Provincial. 

La representante legal de numerosos trabajadores recientemente desvinculados del municipio, Cielo Petit, apuntó contra la gestión del intendente Francisco Azcué por tomar decisiones “arbitrarias y sin criterio”, que derivaron en un aluvión de demandas laborales. En ese sentido, advirtió en DIARIOJUNIO que no sólo el Estado deberá afrontar las correspondientes consecuencias económicas de los juicios venideros, sino también los funcionarios, quienes —según lo establecido por ley— podrían tener que responder con sus patrimonios personales los perjuicios ocasionados. Allí mismo, acusó a Azcué de haber malgastado los fondos heredados en contrataciones “a mansalva” de nuevo personal, de no haber tenido “visión ni liderazgo político” para enfrentar una crisis nacional que era previsible con la llegada al Gobierno de Javier Milei, y de ejecutar, por sus propias acciones, un “ajuste tardío e inequitativo”.

A raíz de reiteradas denuncias de consumidores, una gran cantidad de mercadería en mal estado fue retirada de dos supermercados de Santa Elena, pertenecientes al mismo dueño. La intervención fue llevada a cabo de manera simultánea en cada local por funcionarios de la Dirección de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial de Entre Ríos, que encontraron más de 1500 productos, entre alimentos y bebidas, con vencimientos mayores a los cinco años y en condiciones de almacenamiento inadecuadas. Según se informó  DIARIOJUNIO, uno de los inspectores fue agredido físicamente. 

El Gobierno de Javier Milei publicó una resolución en el Boletín Oficial que establece la posibilidad de "asignar unidades retributivas adicionales" a los funcionarios que hayan reducido su personal, lo que implica un plus salarial para aquellos que efectúen más despidos. La medida ha generado un fuerte rechazo en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), ya que, aseguran "se premia a quienes contribuyen a la destrucción del Estado"