Tras el operativo realizado este domingo en Gualeguaychú, que permitió detener a Pablo Daniel Rodríguez Laurta y rescatar a su hijo -a quien había secuestrado en la provincia de Córdoba-, el Ministerio de Seguridad y Justicia de Entre Ríos ofreció una conferencia de prensa para brindar precisiones sobre el procedimiento.

A través de un comunicado difundido en las últimas horas, el Partido Justicialista de Gualeguaychú cuestionó las políticas económicas y sociales del presidente Javier Milei, al que acusó de gobernar “en beneficio de los poderosos” y de someter al pueblo “a un experimento canalla”. En ese sentido, registró DIARIOJUNIO, instaron a la ciudadanía a expresarse en las urnas el próximo 26 de octubre.

Ayer domingo, la comunidad colonense se autoconvocó al Puerto de la ciudad y desde allí se realizó una marcha en repudio a la instalación de la refinería por toda la avenida costanera al grito de “HIF, escucha, Colón está en la lucha”. Mariana Morisz, integrante de la Multisectorial “Somos Ambiente” de la ciudad de Colón, informó esta mañana a DIARIOJUNIO que se reunieron unas 60 personas, provenientes del sector de los cabañeros (turismo), representantes del sector de servicios, de educación y vecinos autoconvocados. “Nos reunimos en el Puerto y marchamos por la avenida Costanera. La recepción fue buena, mucha gente se sumaba con las bocinas, aplaudían”, expresó. “HIF, escucha, Colón está en la lucha” fue la consigna. Morisz dijo que el malestar en la comunidad es contenido, ya que es difícil dimensionarlo en este momento en plenitud, además de que existen otros problemas que tienen prioridad. No obstante, la movilización fue un paso más, ya que desde febrero las actividades eran mateadas, asambleas o festivales musicales en el Puerto local. “Como marcha con altoparlantes y demás, esta fue la primera”, expresó.

Este miércoles 17 de septiembre, Concordia será parte de la Marcha Federal Universitaria, una jornada nacional que recorrerá las calles de todo el país para reclamar la sanción de la Ley de Financiamiento Universitario y defender el derecho a la educación pública.

Aunque el Ministerio de Ambiente uruguayo confirmó que el derrame de ácido sulfúrico ocurrido en marzo en la planta de UPM en Fray Bentos fue consecuencia de fallas técnicas previsibles, la multinacional solo recibió sanciones por infracciones consideradas "leves". El vecino país sancionó a la multinacional finlandesa con menos de 230 mil dólares. La empresa, lejos de asumir responsabilidad, intentó justificar lo ocurrido y minimizar el impacto ambiental.

Los imputados están acusados de integrar una organización criminal dedicada a la comercialización de cocaína entre Buenos Aires y Gualeguaychú. Se les imputan los delitos de tráfico de estupefacientes agravado, encubrimiento de contrabando y tentativa de homicidio, porque uno de ellos disparó a un efectivo de Gendarmería durante el operativo de allanamiento. 

El intendente reaccionó con furia libertaria tras enterarse de que el concejal Lesik, involucrado en un accidente con alto nivel de alcoholemia, no será expulsado del Concejo. Perdió un voto fiel, se peleó con la UCR que lo llevó al poder y suma conflictos en su propia gestión.

Desde 2023, en Uruguay, está en estudio y análisis la documentación para aprobar la instalación del denominado Proyecto Kahirós, una Planta Piloto de Producción de Hidrógeno para su uso como combustible en camiones de carga que transportan madera a las plantas de celulosa instaladas en Fray Bentos y cerca de Colonia.

El Juzgado Federal de Gualeguaychú dispuso el procesamiento por tentativa de contrabando de de exportación de aves agravado, de tres hombres que en 2023 fueron detenidos en la localidad entrerriana de Villa Paranacito acusados de intentar trasladar un cargamento con más de 100 ejemplares de dos especies, una de ellas considerada en peligro de extinción, para ser comercializadas a altos valores en el mercado ilegal, en la República Oriental del Uruguay. Además de los procesamiento -que fueron sin prisión preventiva-, el juez federal Hernán Viri dispuso un embargo de 100.000 pesos sobre los bienes de cada uno de los imputados. En la investigación, registró DIARIOJUNIO, interviene la Fiscalía Federal de Gualeguaychú, a cargo del fiscal Pedro Mariano Rebollo.

En una entrevista con Radio Máxima, Mauricio Davico sugirió que "habría que pensar en la pena de muerte para los narcotraficantes". El intendente argumentó que el creciente consumo problemático y las consecuencias sociales del narcotráfico en Gualeguaychú justificaban medidas extremas para erradicar el problema. La propuesta que se aleja radicalmente de las normas constitucionales y los compromisos internacionales de Argentina en materia de derechos humanos.