La intervención del Gobierno provincial llegó tras el anuncio del cierre de la planta de baterías Unionbat en Gualeguaychú, una decisión que pone en riesgo alrededor de un centenar de puestos de trabajo. La Secretaría de Trabajo de Entre Ríos convocó a una audiencia de conciliación y comenzó las actuaciones para intentar encontrar una salida al conflicto.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Seccional Concordia solicitó formalmente a la Secretaría de Trabajo de Entre Ríos la apertura de una audiencia conciliatoria, frente a lo que definieron como una “persistente falta de diálogo” por parte de la Municipalidad de Concordia en materia de negociaciones salariales. "Lamentamos tener que acudir a esta instancia", señalaron.

El Decreto 787/2025 publicado hoy en el Boletin Oficial se suma a lista de medidas con las que el Gobierno Nacional busca reducir la presencia del Estado en sectores regulados, desde los servicios públicos hasta la salud y la educación. En adelante, los institutos de gestión privada - con o sin aportes del Estado - podrán modificar matrículas y cuotas en cualquier momento del año lectivo, a diferencia de la norma derogada que limitaba los aumentos. El argumento oficial: liberar a las escuelas de la “incertidumbre económica”.

La escalada de presión de Estados Unidos sobre Venezuela responde a décadas de intervenciones, sanciones y planes de golpes de Estado, impulsados por la ambición de controlar los recursos naturales y frenar la influencia de gobiernos y bloques latinoamericanos que buscan autonomía frente al poder norteamericano. Desde Hugo Chávez hasta Nicolás Maduro, Caracas se convirtió en un símbolo de resistencia al intento de imponer la hegemonía estadounidense en la región.

El Gobierno de Javier Milei prorrogó la intervención de la empresa Corredores Viales S.A., en el marco del proceso de privatización dispuesto por la Ley N° 27.742 y el Decreto N° 97/25. La medida fue oficializada este miércoles mediante el Decreto N° 464/2025, publicado en el Boletín Oficial, y contempla la continuidad de la licenciada Anastasia María de los Ángeles Adem como interventora.

La damnificada trabajó con contratos precarios en la obra social provincial desde 2015 y fue desvinculada tras la intervención del organismo en 2024. En marzo, por no registrar su asistencia le descontaron de su sueldo $2.435.000 y cobró apenas $188, por lo que presentó un amparo reclamando reincorporación, sueldos adeudados y denunciando violencia institucional y de género. No obstante, el juez declaró inadmisible el recurso por falta de pruebas y mala vía legal, pero también cuestionó el accionar de OSER.

A través de un comunicado enviado a DIARIOJUNIO, el Hospital Delicia Concepción Masvernat informó sobre la realización de una cirugía inédita que marca un nuevo hito en la capacidad resolutiva del sistema público de salud regional. El procedimiento fue posible gracias a un trabajo articulado y multidisciplinario, en el que intervinieron numerosos servicios médicos de la institución.

El Gobierno de Entre Ríos brindará este martes una conferencia de prensa en la que presentará un nuevo informe sobre la situación del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER), tras la intervención hace seis meses dispuesta por el Ejecutivo. La actividad, que será transmitida en vivo por YouTube, se realizará a las 18:00 hs en la Sala de Periodistas de Casa de Gobierno y estarán presentes el gobernador Rogelio Frigerio, el ministro de Gobierno y Trabajo Manuel Troncoso, y el interventor de la obra social, Mariano Gallegos.

El gobernador, Rogelio Frigerio, aseguró que denunciará en la Justicia los presuntos desmanejos llevados adelante por las administraciones del Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) en la previa a su intervención. "Los medicamentos se compraban al doble o triple de precios y los sueldos de los directores eran exorbitantes", recordó el mandatario sobre lo que encontraron en la intervención, y agregó: "A mí no me eligieron para que mire para otro lado"

Una auditoría encargada por el Gobierno nacional reveló un presunto descontrol financiero de magnitud en la Obra Social de los Trabajadores Rurales y Estibadores (Osprera), perteneciente a la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE). Según el informe, la entidad acumula una deuda cercana a los 100.000 millones de pesos y un déficit mensual de 4.200 millones, lo que pone en riesgo la atención médica de sus 760.000 afiliados. Desde el gremio calificaron como "falsas" y con "motivaciones políticas" a las acusaciones. Además, anunció que presentará una denuncia penal contra la intervención.