Durante los años más crudos del terrorismo de Estado, el proyecto binacional de Salto Grande no estuvo al margen de la represión. Delegados sindicales, técnicos y obreros fueron vigilados, perseguidos y expulsados bajo un sistema coordinado entre las dictaduras de Argentina y Uruguay, en el marco del Plan Cóndor. Una investigación judicial en curso de la fiscal federal Josefina Minatta, que podría tener un impactante correlato judicial con decenas de imputaciones y la apertura de nuevos juicios por crímenes de Lesa Humanidad, revela cómo operó este engranaje del horror en la principal obra energética de la región.

Se habría detectado un faltante de 40 millones de pesos en la División Logística y otros 6 millones de pesos del Círculo de Suboficiales. Ante estas presuntas irregularidades, la Sub Jefa de la Departamental de Policía de Concepción del Uruguay, Etelvina Piccini, afirmó que se ha iniciado un proceso de investigación interna para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades, si las hubiere. El período bajo sospecha abarca la gestión al frente de la departamental del Comisario General Martín Gaillard, quien está imputado por Abuso de Autoridad e Incumplimiento de Deberes de Funcionario Público en el marco de una investigación por una causa de narcotráfico donde habrían involucrado a tres policías luego de manipular escuchas telefónicas. Los tres efectivos están en prisión desde hace 20 meses y el juicio comienza el 26 del corriente.

José Luis Larrosa, es oriundo de Villaguay, tiene 70 años, es una persona con discapacidad motriz, de condición humilde, jubilado de la mínima, y padece una enfermedad crónica que lo obliga a hacerse diálisis varias veces por semana. Sin embargo, esto no le impide haberse puesto al hombro un periplo judicial para lograr la liberación de su hijo, un oficial de policía que, junto con dos compañeros, permanece preso por haber sido partícipe de una supuesta asociación ilícita que se dedicaba al comercio de estupefacientes y tendría estrecha relación con el principal imputado, Nicolás Giarrizzo, un empresario de la noche en Concordia, que además es propietario de varias sucursales de la cadena de congelados Friar también en Concordia y Concepción del Uruguay. A partir de las pruebas aportadas por Larrosa, hoy está imputado quien fuera Jefe Departamental de Policía de Concepción del Uruguay, Crio. Mayor Martín Gaillard, quien hace poco tiempo fue promovido a Director de Inteligencia Criminal de la Provincia.

Tras la decisión del ministro de Defensa, Luis Petri, de desmantelar el área de Defensa que investigaba los crímenes de la dictadura, la fiscal del Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, Josefina Minatta se manifestó contraria a esta decisión. Minatta explicó que se trata de un equipo que funciona dentro del Ministerio de Defensa. Además, indicó que varios fiscales firmaron un documento que será presentado en breve a Petri pidiendo que no se disuelva esa área que tiene gran importancia para las investigaciones de los casos de lesa humanidad y de lo sucedido en las Islas Malvinas. Minatta apuntó que, de todo el ministerio de Defensa, las únicas personas despedidas fueron 10 de 13 trabajadores de esa área. “Llama la atención que todas las personas despedidas pertenezcan a ese equipo y lejos están de ser considerados que no trabajan. Quisiera que el público ingrese a la página web de ministerio y vea algunas de las publicaciones que tienen. Tienen una calidad y una excelencia técnica destacable”, dijo, según pudo registrar DIARIOJUNIO.