En la semana, dos informaciones, relacionadas al gobierno, tienen un hilo que las une. La primera fue la solicitud del titular de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N°11, Gerardo Pollicita, que Adorni responda 20 preguntas, en relación a “inconsistencias” sobre su situación patrimonial, en la causa que se tramita en dicha fiscalía por enriquecimiento ilícito. La investigación, según se expresa en el pedido, develó que “los incrementos, adquisiciones y desembolsos reconstruidos que, confrontados con los ingresos lícitos comprobados del grupo familiar, no encuentran hasta el momento explicación suficiente” . La segunda, fueron las denuncias ante la justicia, impulsada por la diputada Victoria Tolosa Paz, a la que se sumó la investigación de la legisladora Marcela Pagano, (sobre los fondos destinados al sistema vial nacional), haciendo una trazabilidad de cómo el desvío de los fondos se realizaró en forma “coincidente” con votaciones de leyes que el gobierno consideraba importantes; la demanda apunta al Ministro de Economía, Luis Caputo, a funcionarios de Vialidad Nacional y del Banco Nación. El desvió de los fondos fue reconocido por el vocero presidencial, Adrián Ravier, quien reconoció que los fondos eran destinados a sostener el “equilibrio fiscal”. Se suma a esto los informes de entidades como el Instituto de Seguridad y Educación Vial y relevamientos del gremio de vialidad, que mostraron que se han incrementado, en hasta un 22% las muertes en rutas nacionales y que más del 70% de la red de caminos se encuentra en estado de abandono.