El sitio oficial Mi Argentina, la plataforma digital más importante del Gobierno Nacional, fue hackeada este miércoles por la noche tras sufrir un ataque cibernético. El hecho fue denunciado públicamente por el programador y especialista en ciberseguridad, Javier Smaldone, y confirmado esta mañana por la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. Tanto en el sitio oficial como en la aplicación SUBE se agregaron mensajes en contra de Javier Milei y se modificaron los encabezados y los pies de página, pero no el contenido informativo del portal.  Desde la repartición, registró DIARIOJUNIO, responsabilizaron a la gestión anterior por "el estado deplorable que dejaron a nuestros sistemas de gestión electrónica, plataformas y aplicaciones”

La Dirección de Tránsito de Concordia debió acudir a su creatividad para emitir licencias provisorias de conducir, ya que la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) sigue sin enviar los insumos necesarios, en este caso el plástico, imprescindibles para el expendio físico del documento. Es así que por estos días, los concordienses deberán conformarse con un papel firmado por el organismo que los exime de multas, o bajarse la App Mi Argentina y mostrar la licencia digital que habilita la circulación a nivel nacional. Sin embargo, la situación se complica a la hora de salir país y genera mayor incertidumbre en ciudadanos de localidades fronterizas, como Concordia – Salto, cuya documentación particular y vehicular es requerida en la Aduana. “La aceptación de la licencia que damos nosotros, así como la digital, depende de cada jurisdicción. O sea, en Argentina es aceptada a nivel nacional pero fuera del país queda a criterio de cada municipio, por lo que no podemos garantizar su validación”, explicó en DIARIOJUNIO el director de Tránsito de Concordia, Emanuel Galli.

En un nuevo ciberdelito, robaron las bases de datos de todas las licencias de conducir de Argentina y fueron puestas a la venta en internet: se trata del mismo atacante que filtró los datos del Renaper y Nosis y pide u$s3000 por los 5.7 millones de registros, que incluye políticos y famosos.