Tras la denuncia judicial por presuntas calumnias e injurias, presentada este viernes por el presidente Javier Milei contra los periodista Carlos Pagni, Vivina Canosa y Ari Lijalad, el presidente de la Comisión de Comunicaciones e Informática de la Cámara baja, Pablo Carro, acompañado por la diputada entrerriana Carolina Gaillard entre otros pares, presentó un proyecto para “frenar el avance autoritario de Milei contra la libertad de prensa”. La iniciativa, registró DIARIOJUNIO, sostiene que el mandatario “usa al Estado como aparato de intimidación para silenciar críticas y blindar un plan de ajuste brutal”.

El intendente de Feliciano, Damián Arévalo, sostuvo que todos los mandatarios comunales de la provincia en mayor o menor medida están muy preocupados por la caída de la coparticipación. “El porcentual de caída es el mismo para todos y para la Provincia también”, sostuvo. El intendente sostuvo que vienen “quemando ahorros” desde que empezó el año ya que la caída de ingresos varía entre un 10 y 13 % mensual. “Y ahora llegó al 20 %”, indicó. Por lo tanto, debieron suspender las horas extras en el municipio y recortar gastos de combustible para los camiones y la maquinaria que se encarga del mantenimiento de los caminos de ripio. “Tuvimos que suspender un poco el trabajo los fines de semana. Tratamos de parar por ahí un poco el gasto para que no impacten tanto semanalmente”, destacó. Por otra parte, Arévalo salió con los tapones de punta contra el gobierno nacional ya que, sostuvo, obtiene réditos por la baja de impuestos pero afecta a los municipios y las provincias. Arévalo sostuvo que es “muy lindo” enarbolar el discurso de bajar los impuestos. Pero los platos rotos los pagan las provincias y los municipios que a su vez, deben encargarse de muchas cuestiones extra. Y a ello le agregó la situación de la obra pública que “no existe”. “El gobierno nacional ha quitado impuestos. Es verdad un aplauso para el Presidente pero ¿qué raro? son todos los impuestos que son coparticipables. Nación sigue recibiendo los mismos dineros. Los que dejaron de recibir fueron los municipios y las provincias. Recortó la coparticipación que no le tocaba a él sino que era la que le tocaba las provincias. Es como que con la de todos está jugando: la parte nacional le queda pero los municipios y las provincia están desfinanciadas”.

El senador entrerriano Alfredo De Angeli votó en contra del tratamiento urgente del pedido de interpelación a los funcionarios del gobierno nacional, acusado de estar vinculado con el fraude de la criptomoneda promocionada por Javier Milei. Argumentó que el tema debe discutirse en comisión. La propuesta, impulsada por Unión por la Patria, no alcanzó los dos tercios necesarios. Mientras tanto, el Congreso avanza con una comisión investigadora y las causas judiciales se extienden dentro y fuera del país.

Mientras el ministro de Economía Luis Caputo y el presidente Javier Milei insisten en que los argentinos “saquen los dólares del colchón” para reactivar la economía nacional, los grandes patrimonios del país siguen saliendo rumbo a Uruguay. Según cifras recientes del Banco Central del Uruguay (BCU), ese país volvió a batir un récord en activos gestionados por asesores de inversión y gestores de portafolios, alcanzando los 42.141 millones de dólares a fines de 2024. Casi la mitad de esos fondos son de argentinos.

Los gobernadores, incluidos los aliados a la Rosada, están furiosos con el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, porque nuevamente recortaron impuestos coparticipables y les complican los ingresos de los próximos meses. “Quedan bien con la nuestra”, se quejó un mandatario aliado.

La próxima semana, Argentina recibirá al almirante Alvin Holsey, jefe del Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM), en lo que se presenta como una visita oficial de tres días. Según informó la Embajada de EEUU, Holsey se reunirá con autoridades del gobierno nacional y las Fuerzas Armadas. Aunque se enmarca en la “cooperación bilateral” y la “seguridad regional”, la incógnita gira si se trata de un nuevo paso en la geopolítica de EEUU en Argentina.

El último préstamo millonario del Fondo Monetario Internacional a Argentina —un país con historial de incumplimientos y ahora liderado por un aliado cercano de Donald Trump— encendió alarmas entre muchos de los principales responsables del organismo. Aun así, el acuerdo fue aprobado.

El gobierno de Javier Milei convocó este jueves al Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, de acuerdo a la Resolución 1/2025 publicada hoy en el Boletín Oficial con la firma de la ministra de Capital Humano de la Nación, Sandra Pettovello. La última actualización se aplicó en diciembre y de manera unilateral, ante la falta de acuerdo en el Consejo del Salario. Hoy el salario mínimo no llega a los 300 mil pesos.

Cien días bastan para marcar el rumbo de un gobierno. Quinientos, para medir sus efectos. En el caso de Javier Milei, con un plan ya se preveía destructivo y cruel en lo social, ahora también se demuestra ineficiente en lo económico. Los números hablan por sí solos: una inflación acumulada del 196,6%, una devaluación del 216% y un nuevo endeudamiento con el FMI por 20.000 millones de dólares.

La Asociación Gremial de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional emitió un comunicado denunciando "un profundo deterioro institucional" dentro del organismo. Según el gremio, bajo la gestión actual se habrían naturalizado prácticas que atentan contra los principios democráticos y los derechos laborales, incluyendo amenazas de ceses laborales, recortes salariales y hasta el uso de la Policía Federal para restringir el ingreso de trabajadores a los edificios del organismo.