En una ciudad marcada por la pobreza, donde cada peso del erario público se defiende incluso con despidos, los datos que arroja la página de Transparencia Municipal —aunque incompletos y fragmentados— plantean una pregunta inevitable: ¿Justifica este Concejo Deliberante los más de 3 millones de pesos destinados mensualmente a cada uno de los trece ediles y a su presidenta en 2025? El millonario costo de este cuerpo legislativo no se refleja ni en la cantidad ni en la relevancia de los proyectos presentados. Lejos de traducirse en soluciones legislativas de fondo, esta inversión sostiene una estructura caracterizada por baja productividad y debates vacíos, muchas veces centrados en confrontaciones políticas y artículos periodísticos, donde las chicanas prevalecen por sobre iniciativas propias que respondan a una ciudad golpeada por la crisis social.

En menos de diez días, dos perros de razas peligrosas mataron a otros dos más pequeños mientras circulaban por la vía publica, uno con su dueño y otro con un paseador, sin bozal ni correa. Los hechos se adueñaron de las redes sociales y volvieron a abrir el debate sobre la responsabilidad de quienes poseen esta clase de anímales, mientras que el Municipio lanzó una nueva campaña de concientización. Sin embargo, en Concordia hace 14 años que existe la ordenanza N.º 34.127, que regula la tenencia responsable de animales considerados peligrosos y establece la obligatoriedad de bozal y correa como medida de prevención, pero debido al escaso control y la inexistencia de sanciones específicas para quienes la incumplen, el resultado es deficiente.