Como muchas veces en la historia política de nuestro país, frente a las derrotas ideológicas y políticas de larga duración que conllevan procesos de fragmentación social crecientes, la pequeña burguesía progresista, como consecuencia de las medidas económicas del gobierno de Milei, se torna retraída en sus obsesiones y frustraciones, y su discurso político se ahoga en la supuesta supremacía moral de pertenencia. 

¿Somos nosotros, como Nación independiente, los responsables que sufrimos el tsunami de la ultraderecha usurpadora de los derechos en su máxima expresión? No. En la era post-pandemia, América Latina se constituyó como una región en disputa en el cambio de un mundo unipolar a otro multipolar, como la región en la que se constituyeron bloques de poder encabezados por élites empresariales, que se han propuesto dominar y evitar que lleguen al gobierno alternativas progresistas alguna. Estos gobiernos empresariales, disfrazados de demócratas, han retomado las consignas neoliberales de las décadas finales del Siglo XX, y están claros en atacar las herencias progresistas a las que consideran causantes de las dificultades económicas, sociales, e institucionales del presente, respondiendo a la conformación de bloques de poder de derecha, cuando no proto-fascista; y ya en el ejercicio del poder han privilegiado los intereses de su clase, sin importar las nefastas condiciones que el neoliberalismo latinoamericano ha generado en todas partes donde actuaron.