El juez de Paz de Oro Verde, Mariano Ramón Jurado, resolvió rechazar la acción de amparo presentada por la Asociación Ecoguay y la Agrupación Conciencia Animal de Entre Ríos, que pretendía suspender la habilitación de un festival de jineteada y doma realizado en el predio multieventos de la localidad.

La Cámara de Diputados rechazó por amplia mayoría los vetos presidencial de Javier Milei a las leyes de declaración de emergencia en pediatría y al aumento de financiamiento a universidades públicas. La votación, con 181 y 174 votos a favor respectivamente, superó con holgura la mayoría especial requerida y refleja el fuerte respaldo de la oposición. Las leyes, que ahora deberán ser ratificadas por el Senado, garantizan fondos extraordinarios para hospitales públicos, recomposición salarial de los trabajadores de la salud, actualización de los gastos universitarios según el Índice de Precios y reapertura de paritarias en el sector

La Seccional Concordia de AGMER hizo público su rechazo a la decisión oficial del Gobierno provincial de avanzar con el cierre de los talleres de alfabetización inicial que funcionan en la Escuela Primaria N° 3, Domingo Faustino Sarmiento. "Repudiamos el avance del ajuste en el sistema educativo con la intención de cierre", remarcan.

El Sindicato Argentino de Trabajadores de Salto Grande (SIATRASAG) envío un comunicado a DIARIOJUNIO en el que rechaza las expresiones del candidato a senador de la Libertad Avanza, Joaquín Benegas Lynch, quien manifestó la necesidad de privatizar todas las empresas estatales, incluidas Enersa y Salto Grande. “Los trabajadores reivindicamos a Salto Grande como patrimonio de los entrerrianos y los argentinos. Una vez más, como hace 30 años, honrando aquel No a la privatización de Salto Grande, nos pronunciamos ante las afirmaciones proferidas por el candidato”, expresaron desde el gremio que conduce Sergio Benítez.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó una impugnación extraordinaria y dejó firme la condena contra 13 policías que se levantaron contra las autoridades entrerrianas en diciembre del 2013. Los delitos que se les imputan son de sedición agravada, privación ilegítima de la libertad, daño calificado, peculado, lesiones leves y robo agravado en concurso ideal con instigación a cometer delitos. A pesar de la gravedad de los hechos, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti apelaron a un formalismo para rechazar el planteo: dijeron que el escrito excedía las diez páginas de extensión, no cumplía con el requisito de contener veintiséis renglones por página o tipografía de tamaño no menor de doce.

Ante el decreto del gobernador Rogelio Frigerio que congela los salarios de funcionarios y personal fuera de escalafón del sector público provincial, y “sugiere” a los poderes Judicial y Legislativo replicar la medida, la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER) rechazó el convite, se declara en alerta y movilización y advierte que iniciará gestiones para evitar que esta invitación se transforme en una imposición.

La damnificada trabajó con contratos precarios en la obra social provincial desde 2015 y fue desvinculada tras la intervención del organismo en 2024. En marzo, por no registrar su asistencia le descontaron de su sueldo $2.435.000 y cobró apenas $188, por lo que presentó un amparo reclamando reincorporación, sueldos adeudados y denunciando violencia institucional y de género. No obstante, el juez declaró inadmisible el recurso por falta de pruebas y mala vía legal, pero también cuestionó el accionar de OSER.

Los fiscales federales, Diego Luciani y Sergio Mola, se opusieron este martes a que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner cumpla la condena de seis años de prisión en su departamento del barrio porteño de Constitución, por lo que el Tribunal Oral Federal N°2 -que juzgó a CFK- será el encargado de definir si podrá quedarse en el domicilio de calle San José al 1100.

Diversas organizaciones jurídicas y de derechos civiles expresaron su rechazo al proyecto de reforma de la Ley de Juicio por Jurados (Ley 10.746), que fue aprobado en comisión legislativa en la provincia de Entre Ríos. Según manifestaron, la propuesta representa una “ilegítima e inconstitucional modificación” del alcance del juicio por jurados en causas penales. Al respecto, el abogado penalista Óscar Bacigaluppe, sostuvo en DIARIOJUNIO: “Esta es una lucha contra el proyecto del oficialismo que quiere reducir los juicios por jurados, cuando vienen demostrando que son más justos que los mismos jueces, que no se apartan de ciertos prejuicios a la hora de hacer justicia”

Tras la media sanción en el Senado, la Cámara de Diputados de Entre Ríos inició este lunes el tratamiento del proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo provincial que propone la disolución del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) y la creación de la Obra Social de Entre Ríos (OSER). La iniciativa, impulsada por el gobernador Rogelio Frigerio, generó una inmediata reacción de rechazo por parte del bloque opositor “Más para Entre Ríos". De esa manera, la propuesta fue girada a comisiones, donde Legislación General; Hacienda, Presupuesto y Cuentas y Salud Pública, realizarán esta tarde el tratamiento del expediente.
