El avance de la megaminería en Mendoza, con la aprobación del proyecto San Jorge y otros emprendimientos extractivos, generó movilizaciones en defensa del agua que fueron respondidas con una violenta represión policial. Hubo gases, balas de goma, personas heridas y 13 detenidos, entre ellos periodistas que cubrían las protestas.

La Sociedad Rural de Corrientes decidió bautizar la plaza central de su predio en Riachuelo con el nombre de Juan Carlos De Marchi, un excapitán del Ejército que, tras volver a la vida civil, se dedicó al negocio agropecuario y llegó a presidir la propia entidad ruralista. Pero su nombre no figura en la historia argentina por ningún aporte productivo ni por su rol empresarial. De Marchi era conocido como “El electricista”, sobrenombre que se ganó por aplicar picana eléctrica a detenidos y desaparecidos durante la última dictadura militar. Fue condenado en dos juicios federales por crímenes de lesa humanidad, entre ellos el secuestro de una beba.

La Argentina atraviesa un tiempo marcado por múltiples formas de violencia: desde la represión policial contra jubilados hasta el vaciamiento del Estado que deja a comedores sin alimentos y hospitales sin recursos. Pero esa crueldad no es nueva: hunde sus raíces en una historia escrita por los vencedores, donde matanzas como Villamayor o Cañada de Gómez fueron borradas de la memoria oficial. El olvido, lejos de cerrar heridas, abre la puerta a un eterno retorno.

Este ensayo, urgente y doloroso, reflexiona sobre la persistencia de la crueldad como herramienta de sometimiento social, desde la conquista colonial hasta las formas modernas de explotación laboral y disciplinamiento estatal. A través de ejemplos históricos y contemporáneos, la autora traza un hilo entre las masacres de pueblos originarios y las violencias simbólicas y materiales del presente, alertando sobre los peligros de naturalizar el horror como “orden”.

En una nueva jornada de lucha frente al Congreso, los jubilados volvieron a sufrir una represión desmedida por parte de la Policía de la Ciudad que dejó un saldo de siete detenidos, varios heridos y la imagen dolorosa de adultos mayores golpeados, arrastrados por agentes y asistidos por otros manifestantes. La protesta, que como cada miércoles reúne a cientos de personas, exige una jubilación digna, medicamentos gratuitos, tratamientos médicos y el fin del vaciamiento del PAMI. 

Concepción del Uruguay será sede, los días 4 y 5 de junio, de un Encuentro Regional de Derechos Humanos centrado en la Operación Cóndor, esa estructura de coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur que dejó miles de víctimas y cuyos efectos aún persisten. El evento reunirá a referentes de Argentina y Uruguay con el objetivo de analizar las consecuencias históricas, judiciales y sociales de uno de los dispositivos más siniestros del terrorismo de Estado en América Latina.

Los días 4 y 5 de junio se desarrollará en el Auditorio Scelzi de Concepción del Uruguay un Encuentro Regional de Derechos Humanos centrado en el análisis histórico, judicial y político de la Operación Cóndor, con participación de referentes de Argentina y Uruguay.

Imágenes que otros medios prefieren ocultar revelan la brutal represión policial contra jubilados que, de forma pacífica, reclaman un presente digno. Con el “Cura Paco” como emblema de la violencia ejercida, el gobierno ampara a sus fuerzas de seguridad mientras criminaliza la protesta y despliega un dispositivo de miedo y mentiras propio de un régimen cada vez más autoritario.

A contramano del discurso de que "no hay plata" que pregona el Gobierno, el Ministerio de Seguridad gastó más de $1.000 millones en granadas, cartuchos de balas de goma y lanzagas. Además, abrió una licitación millonaria para máscaras de gas y escudos. Cuánto costó el operativo del 12 de marzo para atacar jubilados e hinchas de fútbol, donde terminó gravemente herido el fotógrafo Pablo Grillo.

Las fuerzas de seguridad volvieron a reprimir a los manifestantes que se movilizaron esta tarde al Congreso Nacional, en una nueva marcha contra las políticas de ajuste del Gobierno de Javier Milei y en reclamo de aumento en los haberes jubilatorios y pensiones. Hasta el momento, hubo dos personas fueron arrestadas y al menos cinco heridos. "Tiraron gases para todos lados y también palazos para evitar que la gente se acerque al cordón de la Policía Federal", explicó el periodista Nicolás Munafó, a cargo del móvil de C5N en el lugar. La situación se descontroló a partir de las 17, cuando se intensificó la tarea de las fuerzas de seguridad. "Es un megaoperativo para intentar contener a un grupo de jubilados. La idea era acorralarlos con la fila de gendarmes y policía para que nadie baje a la calle. Si bien estaba la intención que den la vuelta al Congreso, cuando llegaron a Entre Ríos se encontraron con la vallas metálicas para que se queden sobre la vereda", describió el comunicador en Argenzuela. Antes de ello, los integrantes de la marcha se dirigieron de manera pacífica por las calles de los alrededores del Congreso. "Los jubilados marchan por la vereda, pero muy cerca de ellos está la Policía Federal. El operativo desplegado es impresionante, los oficiales tienen cascos y escudos", describió el periodista Adrián Salonia. La palabra de los jubilados y pensionados Carlos Alberto Dawlowfki, el hincha de Chacarita que es uno de los referentes de la movilización, se quejó por el accionar policial: "Ellos cortan el tráfico y quieren agredir, pero hoy los cagamos porque lo hacemos por la vereda y después vamos a copar el Congreso". Allí mismo, una señora que integra el reclamo, denunció: "Tengo 80 años pero no me van a parar. Como siempre los policías,…